Las cosas han cambiado, aunque el nuevo giro se podía vislumbrar. Los deseos de pasar página cuanto antes por parte del departamento de Justicia de la Generalitat, con la concesión del tercer grado a los políticos presos a partir de las juntas de tratamiento de las cárceles, suponían un riesgo. Y la decisión de la fiscalía de reclamar la suspensión de ese beneficio penitenciario para los dirigentes independentistas lleva ahora a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a replantarse su relación con el Gobierno de Pedro Sánchez. El precio ha cambiado, y lo que se pide es ya una “amnistía” para los presos, visto que la política penitenciaria no puede acortar los tiempos de las condenas.
Están en juego los presupuestos del Estado para 2021, que Pedro Sánchez quería negociar con ERC antes de que los republicanos estén inmersos en la dura lucha electoral en Cataluña. Para los republicanos, como señaló este miércoles Pere Aragonès, consejero de Economía y candidato a la Generalitat, cualquier paso en esa dirección deberá incorporar antes algún gesto y una decisión concreta sobre los políticos encarcelados.
Oriol Junqueras, en un vídeo de su perfil de Twitter / @junqueras
¿El momento de Ciudadanos?
Las relaciones no se van a romper, nunca se han roto, pero ERC quiere que el PSOE se comprometa a algo más, a una vía política que no acaba de sacar la cabeza, y menos ahora, cuando todo está centrado en la gestión sanitaria y económica por la pandemia del Covid-19. El hecho, sin embargo, es que el acuerdo en el seno de la Unión Europea había posibilitado un acercamiento más estrecho, con la voluntad de los republicanos de negociar esos presupuestos y poder gestionar una parte de esos fondos, que el propio Aragonès calculó para Cataluña en 30.000 millones.
Los socialistas parecen más tranquilos, porque confían en otros apoyos, especialmente los de Ciudadanos. Y en un acercamiento del PP, porque el partido de Pablo Casado no podrá rechazar unas cuentas que pasan por aprovechar al máximo lo que se ha conseguido en Europa, defendido como el que más --los resultados, y no tanto el cómo se ha llegado al acuerdo-- por los populares europeos.
Gestionar la situación de los presos
ERC mantiene una retórica arrojada y vehemente, sobre todo los fines de semana, cuando Aragonès ejerce de candidato. Pero la estrategia está fijada desde hace meses. Se pretende gobernar la Generalitat y establecer mejores lazos con el Gobierno central, pero con algunas cuestiones a cambio. Y una de ellas era una situación llevadera para los políticos presos, que podía pasar por una política penitenciaria laxa.
El atrevimiento de Sánchez, precisamente, es ahora su peor enemigo o, por lo menos, lo que puede distanciarle de ERC. Y es que Aragonès y también el presidente Quim Torra han recordado en las últimas horas las palabras del presidente del Gobierno en las que sugería que controlaba la fiscalía del Estado. Aquella pregunta retórica de Sánchez, “¿Quién nombra a la fiscalía?”, para contestar él mismo que la nombraba el Gobierno, es ahora un elemento que le hace perder credibilidad frente al independentismo. Sánchez, este mismo miércoles, pidió a Torra que supiera diferenciar entre los poderes del Estado, y que la decisión de suspender el tercer grado no tiene nada que ver con el Ejecutivo central.
Paradoja para los republicanos
En cualquier caso, ERC se acoge a aquellas palabras y a la necesidad, principalmente, de encontrar una “salida política” para Oriol Junqueras y el resto de políticos presos.
La paradoja, y eso lo saben bien el PSOE y el Ejecutivo de Sánchez, es que esa posición dura de la fiscalía y del Supremo puede beneficiar electoralmente a ERC en su dura guerra contra Junts per Catalunya (JxCat). Si Puigdemont sigue libre en Bruselas y en cambio Junqueras vuelve a la cárcel sin el tercer grado y ejerce como símbolo de la “resistencia” del independentismo frente al Estado.
¿Y Unidas Podemos?
Esa puede ser una consecuencia de los actos, pero ERC insiste en la “amnistía” como paso previo para llegar a acuerdos sobre las materias que se deseen con el Gobierno de coalición que preside Sánchez.
Pere Aragonès lo verbalizó de forma dramática, al entender como “paso atrás de gigante” esa suspensión del tercer grado y acusar a la fiscalía de “reventar” el espacio de diálogo.
Para el Gobierno de Sánchez puede ser una forma de iniciar un verdadero cambio de apoyos, aunque se resista Unidas Podemos, el partido de Pablo Iglesias que, aunque apoya a los independentistas catalanes en esa cuestión penitenciaria, se ha quedado sin capacidad de maniobra y sin poder distanciarse de Sánchez cuando éste dice que ahora será “necesario” ensanchar los acuerdos más allá de los socios de investidura.