La Policía Marítima de los Mossos d'Esquadra ya ha echado a nadar. La nueva unidad ha botado su primera embarcación en Palamós (Girona), aunque prevé extenderse durante los próximos meses a L'Ametlla de Mar (Tarragona) y Vilanova i la Geltrú (Barcelona). El consejero de Interior, Miquel Buch, ha presentado el operativo como "un paso más" en las atribuciones de seguridad de la policía autonómica.

Pero lo que el conseller define como una ampliación competencial, para otros es percibido como un ejercicio de intrusismo que puede entorpecer la vigilancia de las costas catalanas. Un portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) recuerda que el control de las aguas territoriales pertenece en exclusiva a la Benemérita. "Los Mossos se han desarrollado como una policía integral, con competencias que exceden las de una policía autonómica", explica este representante.

Un estreno de prestado

El Govern anunció en enero de este año la creación de una policía marina para patrullar el litoral catalán. Tomando como base los 17 buzos de la unidad acuática, Buch comprometió más personal para configurar la rama naval de los Mossos desde las islas Medas hasta el delta del Ebro.

La botadura celebrada en Palamós --para la cual se ha pedido prestada una nave a Egara, la sede central de los Mossos en Sabadell-- se enmarca en la primera fase de despliegue de la policía marítima, que ha costado 151.000 euros destinados a construir una base local y empleará a un total de 49 agentes.

Invasión de competencias

Ante este proyecto, la AUGC elevó una queja al Ministerio de Interior para que paralizara el plan del Ejecutivo autonómico. Siete meses después, la petición aún no ha sido respondida. No solo eso, sino que la directora de la Guardia Civil, María Gámez, declaró que no había "ningún problema" con los planes de la Generalitat.

La AUGC señala que esta posición choca frontalmente con el dictamen de la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial, que en marzo de 2019 reservó para la Guardia Civil todas las competencias marítimas. Con todo, para resolver definitivamente la cuestión debería "reformarse la ley orgánica de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado clarificando la labor de cada institución", explican desde la asociación.

Obstaculizará la vigilancia

De lo contrario, las luchas por asumir el mando seguirán presentes: "En esto quien llega primero es quien se hace cargo. Y si hay detenidos el juez decide quién lleva la investigación. Con las nuevas funciones de los Mossos en el mar, esto pasará aún más".

En este sentido, el caso de Palamós es paradigmático. En el pueblo del Bajo Ampurdán, llegan a confluir en el agua tres cuerpos distintos: los barcos de la Guardia Civil, una lancha neumática de la policía local y la nave de la policía aduanera. Si ya existen bastantes siglas encargadas de velar por la seguridad en el mar, para la AUGC no tiene sentido incorporar otro grupo que pueda entorpecer las labores policiales. El conflicto, anuncian, está servido.

Los Mossos, divididos

El estreno de la patrulla marina ha dividido a los agentes. Francesc Vidal, portavoz de USPAC, defiende "las competencias que los Mossos perdieron el verano pasado" y reivindica "el trabajo de la unidad acuática al margen de las luchas políticas". Por el contrario, otra fuente interna consultada por Crónica Global califica el nuevo operativo como "pura imagen" y critica las prioridades del Govern: "No hacía falta implementarlo ahora, cuando no hay suficientes efectivos para hacer el patrullaje diario, más aún con el tema del Covid".

Esta misma fuente, que prefiere preservar el anonimato, detalla que las denuncias que tramiten y recauden los Mossos ni siquiera irán a parar a las arcas autonómicas, sino que serán percibidas por Capitanía Marítima. "Es otra muestra de que no hay competencias y que esta unidad se ha creado de cara a la galería", remacha.