Las ciudades catalanas más afectadas por el coronavirus ponen deberes a la Generalitat

Información, colaboración y rastreadores. Son las tres necesidades prioritarias que los ayuntamientos de Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat y Lleida demandan a la Generalitat para hacer frente de forma conjunta y certera al crecimiento de casos de coronavirus, tal y como han manifestado sus alcaldes en Els Matins de TV3.

Los alcaldes de los tres municipios --Ada Colau (BComú), Núria Marín (PSC) y Miquel Pueyo (ERC), respectivamente-- han puesto de manifiesto la necesidad de que el Govern tenga en cuenta las capacidades de las administraciones locales. Han destacado la "proximidad" y la "rápida capacidad de reacción" como las características más importantes frente a la expansión del Covid-19 y, aunque las competencias en salud dependan del Ejecutivo autonómico, defienden el trabajo de los consistorios y ofrecen su "apoyo" y "ayuda" para lo que sea necesario.

Rastreadores de contactos de Covid-19

Para la alcaldesa de Barcelona, la “prioridad máxima” es el “rastreo” de contactos para reducir el crecimiento de casos y evitar el temido contagio comunitario, vocablo técnico para explicar que se ha perdido el rastro de la transmisión y no se sabe cómo se ha esparcido el virus. Esta tarea fue externalizada por la Generalitat y encargada a Ferrovial con resultados muy deficientes --y con un coste para las arcas públicas de 18 millones de euros--. Y aunque el Govern aseguró que se le rescindió el contrato, la empresa continúa con esta tarea hasta que se resuelva una nueva concesión. 

Cataluña cuenta con algo más de un centenar de rastreadores, lo que “es evidentemente insuficiente”, según Colau, quien defiende que solo para Barcelona se necesitan 50 personas, como mínimo. Ha defendido la importancia de estos trabajadores como apoyo a la detección precoz de positivos y ha asegurado que la ampliación de este equipo es urgente. “Estamos en un momento crítico”, ha defendido en TV3; “Debe hacerse ahora, sí o sí” y, además, en todos los municipios y no solo en los más afectados.

Colaboración y comunicación constante

Los tres alcaldes han remarcado el esfuerzo de las administraciones locales durante la pandemia. Colau, en concreto, ha declarado: “Los ayuntamientos estamos asumiendo mucho más de lo que nos toca y lo hacemos con gusto”. Ha señalado el trabajo realizado desde la Agencia de Salud Pública de Barcelona respecto a los rastreos e incluso ha ofrecido que estos se integren en el sistema autonómico, si es necesario. “Si [la Generalitat] tiene una dificultad de gestión, nosotros intentamos aportar personal”, pero “es algo que debe liderar la Generalitat”, ya que el plan debe ser integral para toda la comunidad. 

También la alcaldesa Marín ha ofrecido apoyo personal al Govern --aunque se ha referido sobre todo al sistema sanitario--. Una de las peticiones alzadas al Govern por parte del Ayuntamiento de L'Hospitalet fue la de “poder participar activamente en la solución de esta situación”, pero ello debe venir asociado a una mejor comunicación sobre el estado del coronavirus a escala local. Y no solo desde la Generalitat hacia los consistorios --Marín ha reconocido que tuvo que llamar al Departamento de Salud para corroborar las informaciones sobre los brotes en la ciudad--, sino también de estos hacia la ciudadanía. 

Resoluciones judiciales aprobadas

Los juzgados de instrucción de guardia de Barcelona y Lleida han avalado los planes de reducción de la movilidad de varios municipios del Segrià y de L'Hospitalet. En el caso de la ciudad metropolitana, ha rechazado la prohibición de grupos de más de diez personas por verlo excesivamente lesivo del derecho de reunión, un detalle al que Marín no le ha dado demasiada importancia. Ha revelado que las propuestas “son medidas, en general, de sentido común” para dar “un toque de atención” a la ciudadanía, que las ha entendido y tomado en consideración. 

Pueyo, por su parte, ha recriminado a la justicia los cambios de criterio para con el Baix Segrià, ya que la propuesta del Govern para el encierro domiciliario de municipios fue rechazada y ello confunde y cabrea al ciudadano. "Lo único que [los jueces] han hecho es añadir incertidumbre” a la realidad actual, ha sentenciado.