El Gobierno señala que la decisión judicial que tumba la nueva reclusión total en Lleida y otros siete municipios del Segrià avala que no había plan B al estado de alarma. Así lo ha manifestado este lunes el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, quien ha rechazado valorar si el auto de la magistrada se adecua al derecho.
Campo ha hecho esas consideraciones durante su intervención en Los desayunos de Europa Press, en los que se ha referido a la necesidad de "romper el apasionamiento y analizar" esta cuestión teniendo en cuenta que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudió al Congreso para decretar la alarma, y se hizo bien y con responsabilidad.
¿Estado de alarma parcial?
Ha evitado valorar cuál será el siguiente paso, si bien apuesta por un estado de alarma parcial, en caso de que así lo solicite la Generalitat. Según Campo, decisiones de ese calibre requieren la "maduración y el sosiego necesarios".
Por su parte, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha asegurado que el Gobierno no se va a quedar al "margen de su responsabilidad" ante la situación sanitaria en Lleida, pero ha descartado "anticipar" la declaración de un nuevo estado de alarma.
Gestión autonómica
En una entrevista en RNE, Ábalos ha recordado que, actualmente, son las propias comunidades autónomas las que se encargan de la gestión frente a los rebrotes de coronavirus, una facultad que "venían exigiendo" durante las últimas semanas del estado de alarma.
Mientras, el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha criticado la "precipitada" decisión judicial sobre el encierro en Lleida, y ha apuntado: "Entre un juez y un médico, a la hora de proteger la salud, yo lo tendría claro".