“Aunque me pinchen las ruedas del coche o dejen excrementos en mi casa, yo no me voy”. Habla Toni Mas, portavoz del grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Peramola (Alt Urgell). Su testimonio demuestra lo difícil que es para un político no independentista ejercer de oposición en la Cataluña vacía donde, asegura, todavía existe un sistema feudal que controla el territorio, fruto de más de 30 años de poder convergente --y más recientemente de ERC-- en las principales instituciones leridanas.
En el caso de Peramola, una pequeña población de 300 habitantes cuya alcaldesa es Gemma Orrit (ERC), y de otros municipios colindantes, la dependencia de Consejo Comarcal del Alt Urgell --con Miquel Sala al frente, y que hoy será sustituido por la polémica Josefina Lladós, ambos de JxCat-- y de la Diputación de Lleida (ERC) ha generado un entramado de intereses que, según Mas, “es muy difícil de cambiar. Ni ganando las elecciones se puede cambiar ese sistema feudal”.
Pasividad de los Mossos
Denunciar las corruptelas locales, esto es, la endogamia existente en las instituciones de la zona, le han valido al concejal del PSC, toda una serie de amenazas e insultos. “Me han pinchado las ruedas, me han dejado excrementos en casa, me han insultado. Incluso han forzado la puerta de mi casa. Lo más fuerte es que sé quiénes son. Lo he denunciado, pero para los Mossos d’Esquadra no es un tema prioritario”, explica a Crónica Global este político, nacido en Barcelona, pero que de muy pequeño se trasladó a Coll de Nargó (Lleida).
Vista de Peramola, Lleida, localidad del fallecido / AJUNTAMENT DE PERAMOLA
“Yo soy de pueblo. Pero hasta que no te metes en política no eres consciente de lo que ocurre realmente. Oyes cosas, pero no le das importancia. Me toca hacer de oposición y denunciar cuando se modifican procesos administrativos para beneficiar a determinadas personas o la conversión de caminos públicos en privados”.
Pero en la mayoría de ocasiones, las denuncias caen en saco roto, “pues los Mossos no entienden de estructuras de propiedad o de alteraciones de lindes. Y el juez de Solsona, partido judicial al que pertenecemos, está colapsado. En medio de este caos, siempre hay algún listo que se aprovecha”.
¿Miedo? "Ninguno", dice el concejal, quien en 2008 ya fue etiquetado en este opresivo ambiente rural de botifler por participar en el grupo de apoyo técnico al expresidente de la Generalitat, José Montilla (PSC), en su viaje a Japón.
La Cataluña vacía
Las instituciones catalanas viven de espaldas a esas zonas despobladas prepirenaicas, aunque ahora Lleida acapare el foco mediático por el rebrote del Covid. Pero se trata de zonas con un potencial económico importante. La existencia de pantanos y presas hidráulicas en la comarca del Alt Urgell, por ejemplo, da lugar a numerosas contrataciones públicas.
Para tener una idea, la superficie de Peramola y de Bassella, una localidad vecina, “equivale a una Barcelona y media”. Hay obras del pantano de Rialb "que nunca se hicieron. Por ejemplo, no hay depuradora, así que se paga un canon a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) por verter aguas al río mientras la UE nos pone multas. Con todo ese dinero, ya se podría haber construido esa depuradora. Y la CHE no se arriesga a invertir en un territorio que se quiere declarar independiente", explica el concejal.
"¿La Cataluña vacía? ¡Pero si la han vaciado ellos!", exclama Mas
Vista del pantano de Rialb / WIKIPEDIA
Otro ejemplo. Los 700 alcaldes independentistas que, vara en mano, dieron apoyo al procés representan a un total de población que no alcanza ni la cuarta parte de la ciudad de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona). Pero “a nivel territorial tienen mucho poder, gracias a esa estructura piramidal”.
Sin fiscalización
“El mundo local escapa a la fiscalización”, lamenta el socialista, quien denuncia que el Consejo Comarcal, que debería ejercer ese control financiero, “ha creado un consejo de alcaldes, una especie de estructura paralela que teóricamente tenía un carácter consultivo, pero que toma las decisiones importantes”. Las estructuras supramunicipales del Lleida han tenido un pasado muy controvertido.
El presiente de la Diputación de Lleida y alcalde de Fondarella, Joan Reñé, acompañado por agentes de los Mossos tras ser detenido / EFE
En enero de 2019, Joan Reñé abandonó la presidencia local del PDeCAT, después de dimitir como presidente de la Diputación de Lleida en octubre de 2018 tras ser detenido durante una operación anticorrupción que afectaba a Convergència.
El diputado de ERC por la Diputación de Lleida y consejero comarcal en el Solsonès, Albert Bajona, había acusado a Reñé de repartir dinero “a dedo” y “de forma presidencialista” para favorecer a los ayuntamientos y consejos comarcales del PDeCAT. Bajona habló de “vasallaje”.
Asimismo, en marzo de 2019, la Guardia Civil hizo un registro en las sedes del Ayuntamiento de La Seu d’Urgell y del Consejo Comarcal del Alt Urgell en base una investigación judicial abierta por la construcción de viviendas en una zona protegida del municipio.