Lunes, 6 de julio. Reunión de alcaldes del Segrià con la Generalitat para abordar el rebrote del coronavirus en esta comarca leridana. “Fue un encuentro muy tenso. Saltaron chispas. Muchas críticas y muy duras contra el Govern por la falta de coordinación y de recursos, sobre todo por parte de los ediles de Junts per Catalunya. Los primeros ediles de la zona se han rebelado contra la Generalitat”, aseguran a Crónica Global fuentes conocedoras del encuentro.
En pocos minutos, quedó desmontado el argumento que, durante tres meses, ha utilizado Quim Torra para tapar su gestión. A saber, que la culpa de todo la tiene el Gobierno español. Un discurso que, según las mismas fuentes, fue rebatido por varios alcaldes independentistas. Los más contundentes fueron Josep Antoni Romia (Serós), Maria Rosa Pujol (Aitona) y Manel Ezquerra (Alcarràs). Los dos primeros pertenecen a Junts per Catalunya --o lo que queda de esta formación en descomposición-- y el tercero, a Sempre Alcarràs.
Ambiente muy caldeado
“El ambiente está muy caldeado. La reacción en las redes sociales y en las calles en contra del equipo de gobierno de La Paeria y la Generalitat es muy dura. Hay un aumento de contagios en el conjunto de la comarca y en pueblos donde hasta ahora apenas había casos”, confiesan dirigentes territoriales neoconvergentes.
Ayer, en sede parlamentaria, Torra volvió a echar balones fuera al culpabilizar de la pandemia al Ejecutivo central durante la sesión de control al Govern, a pesar de que la Generalitat tiene ahora plenas competencias para gestionar la situación en Lleida: salud, seguridad, servicios sociales e inspección de trabajo. En efecto, controlar que el sector agroalimentario cumple con las garantías de higiene y laborales, y evitar la estigmatización de los temporeros a los que se atribuyen algunos contagios, compete a la administración autonómica.
Torra sacó pecho de descentralización y aseguró que delegaría en los alcaldes el control de la situación. Pero no aclaró con qué tipo de recursos contarán.
Los bandazos de Pueyo
La citada reunión del lunes supuso un antes y un después en las declaraciones del alcalde de Lleida, Miquel Pueyo. El día anterior, el republicano celebraba la decisión de confinar la comarca del Segrià, aunque echó en cara a la Generalitat que no hubiera informado con suficiente antelación. La queja se basaba en el hecho de que, menos de 24 horas antes de decretar el confinamiento, la consejera de Salud, Alba Vergès, había negado que la medida estuviese sobre la mesa. Luego admitió que llevaba días estudiando la posibilidad.
Pero un día después de la reunión con la Generalitat, Pueyo cambiaba el discurso y culpaba al Estado de "mirar hacia otro lado" ante la llegada a la comarca de trabajadores en situación de vulnerabilidad, parte de ellos sin permiso de residencia. “Dos semanas antes de que se decretara el confinamiento en Lleida, Aragón ya había retrocedido a la fase 2. Siendo una comunidad limítrofe, ¿a nadie se le ocurrió que había que adoptar medidas?”, se preguntan desde La Paeria, donde exigen una mayor cooperación y coordinación con el Gobierno de Aragón.
El SOS del Arnau de Vilanova
Miembros de la junta clínica del Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida (HUAV) y la dirección de Atención Primaria leyeron ayer un manifiesto en el que piden que "las instituciones pertinentes implicadas establezcan directrices claras y urgentes, y que intensifiquen las medidas hasta ahora instauradas" ante el brote de coronavirus en la comarca del Segrià. Aseguran que "los profesionales sanitarios, nuevamente, realizamos y realizaremos todos los esfuerzos posibles para dar cobertura a la situación clínica que se requiera". Y expresan su preocupación "por los datos epidemiológicos actuales y por su evolución en un futuro próximo".
La falta de liderazgo es precisamente otro de los reproches que los alcaldes plantearon el lunes a la Generalitat, así como la necesidad de “sumar” y trabajar conjuntamente entre todos los sectores afectados, administraciones públicas y sociedad civil.
Los alcaldes reclaman, asimismo, más apoyo al Arnau de Vilanova, más efectivos de los Mossos para controlar accesos y garantizar la obligatoriedad de llevar mascarilla y la distancia social, así como ayudas económicas por parte de la Generalitat y la Diputación de Lleida a los ayuntamientos afectados y destinar recursos para alojamiento de temporeros.