El fracaso de la Generalitat en el impulso del coche eléctrico

La proximidad de las elecciones catalanas ha agudizado el enfrentamiento entre Junts per Cataluna y ERC, con el consiguiente perjuicio en proyectos industriales en general, y en el sector de la automoción en particular. La crisis de Nissan ha evidenciado el doble rasero del Govern, que saca pecho de los 100 millones prometidos a la multinacional japonesa para fabricar un coche eléctrico en Cataluña, mientras se niega a aumentar las partidas y los proyectos relacionados con la conducción sostenible y retira los descuentos en peajes a los coches ecológicos. Mientras tanto, Madrid le toma la delantera a Barcelona y, según se anunció el martes, Citroën comenzará a fabricar en la capital su nuevo coche eléctrico.

“Tesla, referente de la fabricación de coches eléctricos, eligió Berlín en lugar de Cataluña. Nunca sabremos lo que pasó. Pero seguro que el independentismo de Torra no ayudó nada. Y no tiene sentido eliminar bonificaciones o exenciones en peajes a híbrido o eléctricos. Es absurdo”, explica a Crónica Global un empresario conocedor del sector, en referencia al decreto  de la Generalitat aprobado en noviembre de 2019 que redujo el descuento en peajes para los coches eléctricos e híbridos a partir de 2020. "Para lo poco que se iba a ingresar, se renuncia a un mensaje y a una política muy potente en favor de promocionar vehículos con pocas o sin emisiones", añade.

Que sólo el 25% de los coches oficiales renovados por el Govern sean ecológicos demuestra que la administración catalana no predica con el ejemplo. El motivo, alega, es el alto precio de los vehículos eléctricos.

Una cuestión monetaria es la que también enfrenta a la consejera de Empresa, Àngels Chacón (Junts per Catalunya) que solicita más dinero para la reconversión del sector, y el vicepresidente Pere Aragonès (ERC), que escatima recursos. La guerra preelectoral entre los dos partidos ha provocado que esas diferencias salgan a la luz y, según fuentes parlamentarias, “Chacón no escatima críticas a Aragonès en los pasillos de la Cámara catalana”. El gasto destinado a automoción en los presupuestos de la Generalitat para 2020 --responsabilidad del dirigente republicano--, solo 2,9 millones, es diez veces inferior a lo que la consejera de Empresa reclama.

El Barómetro de la Electromovilidad

Cataluña tiene 2.683 puntos de recarga de coches eléctricos, 1.991 urbanos y 692 interurbanos, lo que representa el 35% del total español, pero de todos ellos sólo hay cuatro con más de 250 kilowatios que son los que más se aproximan al repostaje de un vehículo de combustión. El Barómetro de la Electromovilidad sitúa a España en 17,2, siendo la media de la UE de 29,8. Cataluña se sitúa en 23,7 y lidera el ranking en nuestro país. Noruega se sitúa en cabeza con un índice de 241,8.

La relación entre puntos de recarga y penetración del vehículo eléctrico es muy importante. La infraestructura de recarga sitúa a Cataluña en segundo lugar detrás de Asturias, un 25,5 respecto a la media española, que es del 16,8, mientras que Noruega vuelve a liderar el ranking, con un 150.

Por todo ello, durante la Comisión de Economía celebrada en el Parlament, Ciudadanos presentó una propuesta de resolución (PR) consistente en ocho puntos. Por un lado, Impulsar y liderar el proyecto Spanish Electric Concept Car que aglutine innovación, proyecto industrial y liderazgo de la industria del vehículo eléctrico e hidrógeno mediante la colaboración público-privada.

Plan de Subvenciones

En segundo lugar, desarrollar un Plan de Subvenciones para la movilidad sostenible y eficiente que contemple la implantación de una infraestructura de recarga de vehículos eléctricos con especial incidencia en las de alta potencia (superior a 250 kw); la colaboración con las Administraciones Locales para el desarrollo de sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas y el impulso de medidas para promover una mayor participación de los medios de transporte más eficientes y sostenibles, en detrimento de la utilización del vehículo privado con baja ocupación.

Asimismo, Cs proponía presentar ante la Comisión de Empresa y Conocimiento un estudio, antes de ses meses, sobre la viabilidad de otros modelos alternativos de movilidad sostenible y eficiente, en concreto vehículos basados en hidrógeno y en gas natural, y eliminar las trabas administrativas que retrasan o paralizan la instalación de puntos de recarga de alta potencia.

Recarga cada 100 kilómetros

La iniciativa de la formación naranja instaba al Gobierno de España a declarar de utilidad pública las infraestructuras de alta potencia, con una potencia igual o superior a 100 kw, y expresaba la necesidad de asegurar la existencia de recarga pública en los principales corredores ubicada en las gasolineras y áreas de servicio que están vigiladas y mantenidas, de tal forma que exista cobertura de recarga cada 100 kilómetros. Finalmente, se instaba a desarrollar e implantar puntos de recarga de hidrógeno y gas natural con el objetivo de alcanzar la media europea.

Sin embargo, los votos contrarios de Junts per Catalunya y ERC impidieron que prosperara esta PR, presentada en el contexto del debate parlamentario generado por la crisis de Nissan.

Los 100 millones ofrecidos a Nissan

Se da la circunstancia de que, en esa misma comisión, la consejera Chacón sacó pecho de la propuesta que, en febrero, Gobierno y Generalitat hicieron a la multinacional japonesa de aportar 100 de los 400 millones que costaría fabricar un nuevo vehículo eléctrico en Cataluña, evitando así el cierre de las plantas.

La Generalitat tampoco predica con el ejemplo en cuanto a fomentar la automoción más sostenible y ecológica. Tal como publicó Crónica Global, el Govern renueva cada año parte de su flota de vehículos, pero la incorporación de coches no contaminantes sigue siendo muy baja. La excusa es el precio pues los automóviles eléctricos o híbridos son demasiado caros. Para 2020 está previsto renovar 1.816 vehículos, de los que solo 443 serán eléctricos o híbridos, es decir, solo un 25%. Unas cifras que, advierte Aragonès, pueden variar debido a la situación de crisis actual.

Flota de la Generalitat

Así lo ha confesado el vicepresidente en respuesta a una pregunta formulada por el diputado de PSC-Units, Jordi Terrades, quien ha exigido en varias ocasiones que la renovación de la flota de las consejerías, de las empresas públicas, consorcios y los organismos dependientes de la Generalitat "se haga sólo con vehículos eléctricos, híbridos o con propulsión alternativa”. También reclama marcar como objetivo que el 100% de la flota pública del gobierno catalán sea eléctrica en 2030.

La propia consejera de Empresa ha calculado los costes de la transición del coche de combustión al eléctrico --se calcula que en 2025, el 25% de los vehículos serán eléctricos--, pues impactará e las 325 empresas que integra la cadena principal de suministro del sector. De esas 325, según el Govern un total de 24 --facturan el 7,58% del total y emplean a un 13,36%-- tienen un alto riesgo de desaparecer.