La Generalitat quiere tener poder de decisión en los negocios que disfrutan de ayudas públicas. Es decir, que la administración consiga la capacidad de controlar, en mayor o menor medida, las decisiones estratégicas de las empresas. Ha sido Chakir el Homrani, consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, quien ha puesto esta idea sobre la mesa, al plantear convertir las ayudas públicas a empresas en participaciones para "tener incidencia" en ellas.
Durante la comisión sobre Nissan en el Parlament, el conseller ha señalado que esta práctica se da en otros países de Europa, como Francia y su "incidencia" sobre Renault y la de "algunos lands alemanes sobre Volkswagen". "Esto acaba siendo convertir las ayudas en participación", ha explicado, "lo que significa tener incidencia en la toma de decisiones estratégicas".
Críticas contra Nissan
El Homrani ha criticado que tanto las decisiones tomadas por Nissan como la fórmula de aplicarlas son contrarias a la búsqueda de negociación y diálogo, en pos de la supervivencia de las plantas de la automovilística en Cataluña. Ha criticado que el calendario que plantea la marca --que pretende cerrar las plantas a finales de año-- no es razonable y que su marcha de la comunidad supone una debilidad para el sector.
La directiva de Nissan estaba llamada a comparecer ante esta comisión parlamentaria impulsada por las Consejerías de Trabajo y de Empresa de la Generalitat. Sin embargo, han decidido no presentarse en ella para evitar posibles afectaciones en la negociación con el comité de empresa, que podrá plantear consultas a partir del 30 de junio. "Respetando las previsiones legales y las funciones de los representantes de los trabajadores, a quien primero se debe dirigir es a ellos", ha detallado la compañía.
Capacidad administrativa en los ERE
Por otra parte, El Homnrani ha pedido "insistir en la necesidad de que la normativa laboral forme parte de la estrategia de defensa del tejido industrial", y ha considerado clave recuperar la autorización administrativa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) para tener una capacidad de incidencia clara.
Ha criticado que "como Estado" se ha decidido no tener capacidad de incidencia en los ERE con la eliminación en 2012 de dicha autorización, lo que según él es también una política industrial. "Esta falta de la autorización hace que más allá de la memoria y de lo justificativa que esté esta memoria tienes un periodo de consultas y una vez finalizado, a menos que haya judicialización, no hay una capacidad de incidencia real", ha advertido.