La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide una condena de tres años de cárcel para cada los dos Mossos d'Esquadra que acompañaban a Carles Puigdemont cuando fue detenido en Alemania en 2018. El ministerio público considera que ambos agentes incurrieron en un delito de encubrimiento.
Los mossos Carlos de Pedro López y Xavier Goicoechea fueron procesados el pasado febrero por el Juzgado Central de Instrucción número 6. El magistrado competente consideró que, con su actuación, perseguían el objetivo de que Puigdemont no fuese detenido después de que se reactivara la euroorden de detención y entrega contra él.
La pena más alta
Tres años de cárcel es la pena más alta prevista para estos casos en el Código Penal. El fiscal entiende que los mossos, entre cuyas labores se encuentran el mantenimiento de la seguridad ciudadana y el cumplimiento de la ley por parte de la ciudadanía, actuaron a sabiendas de que cometían el delito, ya que ayudaban a una persona acusada de un delito de rebelión.
Junto al expresident y los dos mossos viajaban también el empresario Josep Maria Matamala y el historiador Josep Lluís Alay. Estos dos últimos también estuvieron imputados en esta causa, pero el juez instructor, Manuel García Castellón, archivó la investigación para ellos a petición del Ministerio Público.
Josep Lluis Alay Rodríguez acompañado por el abogado Jaume Alonso-Cuevillas (28/03/2018) / ATLAS
Días libres al servicio del prófugo
Según el relato de hechos de la Fiscalía, los dos mossos escoltas se encontraban "en servicio activo" el 25 de marzo de 2018, De Pedro en la unidad de seguridad ciudadana de la comisaría de El Prat de Llobregat (Barcelona) y Goicoechea en el Área de Escoltas en Sabadell (Barcelona). Ambos estaban "disfrutando de una semana de fiesta" ya que el primero de ellos había trabajado siete días en turno de noche y el segundo "de conformidad con el cuadrante de servicios que tenía asignado".
Los dos mossos, "aprovechando los días libres de trabajo", se desplazaron el 19 de marzo a la localidad de Waterloo (Bélgica)", donde se había establecido Puigdemont después de huir de España tras la declaración unilateral de independencia (DUI) del 27 de octubre de 2017.
Se desconoce quién dio la orden
El fiscal señala que el 23 de marzo "una persona no identificada les pidió a los dos acusados que fuesen a buscar a Carles Puigdemont" en un vehículo Renault Espace. El expresidente catalán se encontraba en Helsinki (Finlandia) cuando Pablo Llarena, el juez instructor del procés, reactivó la orden europea de detención y entrega, por lo que los agentes catalanes, que se encontraban en Bélgica, se desplazaron hasta allí para recogerlo.
Los investigados "ayudaban" a Puigdemont a pesar de ser "conscientes de que era investigado en España por su participación en hechos constitutivos del delito de rebelión y otros", apuntan desde Fiscalía. El vehículo fue finalmente interceptado el 25 de marzo por la policía alemana, en un aparcamiento de viajeros pendulares de Jagel.