El Plan de Acción Exterior de Cataluña denunciado por su posible inconstitucionalidad seguirá suspendido. Así lo ha decidido el pleno del Tribunal Constitucional, que debe valorar la adecuación a la Carta Magna de estas políticas del Govern en la promoción internacional de la comunidad catalana.
La votación ha contado con la unanimidad de todos los magistrados integrantes de la alta institución judicial. En su argumentación, el Constitucional alega que el plan impugnado "podría ocasionar unos perjuicios a la política exterior española que, en el caso de que finalmente fuera declarado inconstitucional, serían de imposible reparación".
La primera medida del Conseller de Acción Exterior nombrar un adjunto al delegado de la Generalitat en Bruselas / CANAL PARLAMENT
Contra la imagen de España
Los magistrados destacan que el recurso interpuesto contra el plan de acción internacional de la Generalitat está relacionada con su presunta lesividad a "la posición y la imagen internacional de España". Los objetivos que perseguiría, según el Gobierno --institución que presentó la denuncia ante el Constitucional--, irían "en detrimento del interés general que se expresa en la acción exterior española".
Agrega que el levantamiento de la suspensión del plan podría crear "la apariencia de que Cataluña es un sujeto de derecho internacional, lo que determinaría que se establecieran aparentes relaciones internacionales difícilmente reversibles si finalmente se declarase que el plan impugnado es inconstitucional".
Excedería las competencias
El Ejecutivo decidió recurrir el plan al entender que excede las competencias de la Generalitat en política exterior, menoscaba las del Estado y vulnera el principio de lealtad constitucional en el ejercicio de las competencias propias. Argumentó que el proyecto del Govern para el periodo 2019-22 ignora la existencia de otros sujetos de la acción exterior, obvia la necesidad de coordinarla y omite toda referencia al Estado y a la función de coordinación que realiza.
El Constitucional no se pronuncia sobre si realmente incurre en una invasión de competencias, aunque argumenta que la Generalitat puede ejercer su acción exterior siempre que respete la competencia exclusiva del Estado en materia de relaciones internacionales.
El Govern se enroca
La decisión del pleno del Constitucional no ha convencido al consejero de la Generalitat competente en la materia, Bernat Solé, que ha asegurado que continuará llevando a cabo política exterior. "Hemos hecho y seguiremos haciendo acción exterior porque somos competentes y porque es lo que el país necesita", ha defendido en un comunicado.
Solé es responsable de política exterior de la Generalitat desde marzo de 2020, después de que Alfred Bosch dimitiera tras salir a la luz un presunto caso de acoso sexual por parte de un alto cargo de su equipo. Solé está imputado por un presunto delito de desobediencia de cuando fuera alcalde de Agramunt (Lleida): se le acusa de haber puesto locales municipales a disposición del referéndum ilegal del 1-O.