Al igual que el resto del sector público, la administración de Justicia intenta recuperar la normalidad tras la fase más dura del Covid-19. Los funcionarios judiciales, los peor pagados de España, han sufrido también la escasez de recursos y medidas de protección, pero no han dejado de atender las causas esenciales y, desde el pasado 9 de junio, su plantilla está al cien por cien.
Pese a ello, y a diferencia de sanitarios, bomberos o profesores, son los grandes olvidados en los agradecimientos de la Generalitat, que les ha prometido una subida de 90 euros en complementos, a pesar de que Junts per Catalunya (JxCat) y ERC votaron en contra en el Parlament de ese incremento.
Retrasos en las causas
Fuentes del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) explican cómo es el retorno a la normalidad tras el Covid. Advierten de que los retrasos en las causas judiciales “no se resolverán de la noche a la mañana. Hay juzgados que hacen turnos de mañana y tarde por razones únicamente sanitarias. Los señalamientos por las tardes ayudan a desatascar algo en la jurisdicción Social (laboral).
Durante la pandemia, los funcionarios han mantenido un gran enfrentamiento con el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia por la falta de medidas de protección y recursos para prestar los servicios. “El ministerio ha pasado de sus funcionarios y nos ha ninguneado con medidas de agilización que han sido un brindis al sol”, lamentan desde STAJ.
Reconocen, por el contrario, que la Consejería de Justicia ha ido instalando mamparas de protección y ha facilitado equipos de protección individual (EPI). “Se ha esforzado en buscar soluciones, en base a lo que disponían”, reconocen.
Avisan, no obstante, de que la frecuencia de las declaraciones judiciales se tiene reducir por seguridad y debido al espacio de las salas multiusos de los juzgados.
“Las declaraciones telemáticas están en su inicio. Y no se puede teletrabajar por falta de regulación, seguridad jurídica y tecnología. Se está empezando. La Justicia es una actividad presencial, y no es comparable con otras administraciones del Estado. Se podrían vulnerar derechos de los ciudadanos, sobre todo en orden penal”, explican desde STAJ.
Estas precarias condiciones han minado la moral del colectivo peor pagado de España. En este sentido, los sindicatos desconocen si finalmente se ejecutarán los Presupuestos de la Generalitat de 2020, que contemplan una subida media de 90 euros al mes en el complemento específico “para paliar el hecho de que somos los funcionarios transferidos peor pagados”. Un aumento que --si se produce, sería efectivo a partir del 1 de julio--, sigue siendo insuficiente, pues aún cobrarían 160 euros menos que los funcionarios de Madrid o Andalucía.
Los socios del Govern votaron en contra
“No nos lo confirman, no dan noticias, pese a nuestra reiterada petición de que se cumpla lo aprobado en el Parlament”, donde esas partidas salieron adelante con los votos a favor de Ciudadanos, PSC, Catalunya en Comú-Podem, PP y CUP. En contra votaron ERC y Junts per Catalunya, socios de Govern.
“La Generalitat siempre agradece la labor de sanitarios, mossos, bomberos, funcionarios de prisiones o educadores sociales... Pero hay que recordar que nosotros no hemos dejado de atender las actuaciones esenciales y desde el 9 de junio estamos el 100% de la plantilla", dicen.
Aquí no hemos lamentado víctimas --en el resto de España sí se han producido cuatro fallecidos por coronavirus-- pero sí muchos contagios en nuestro personal”, afirman las mismas fuentes.