La deuda de la Generalitat se dispara desde el inicio del 'procés'

Una contradicción permanente. Mientras se reclaman más recursos al Gobierno por la pandemia del Covid y se mantiene el proyecto político que pide el derecho de autodeterminación, la Generalitat aumenta su dependencia del Ejecutivo central y acumula una deuda que roza los 80.000 millones de euros, y que se ha disparado desde el inicio del procés en 2012: desde entonces, ha pasado de los 35.000 a los 79.000, un aumento del 126%. En ese periodo la administración catalana ha sufrido un descenso de ingresos, durante el transcurso de la crisis económica que se inició en 2008, pero no ha hecho un esfuerzo para compensarlo en el capítulo del gasto.

El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, reclamó este lunes que el Gobierno ponga sobre la mesa un fondo de 25.000 millones para las comunidades autónomas y eleve la idea inicial, que cuenta con 16.000 millones. El argumento es que, con esa cifra que ha propuesto el Gobierno, Cataluña recibiría unos 3.200 millones y las necesidades alcanzan los 5.000 millones para paliar el gasto en sanidad, educación, servicios sociales y compensar, también, el descenso de ingresos por el parón económico durante la pandemia.

La máxima dependencia, en 2022

Aragonès, titular del departamento de Economía, se aferró, sin embargo, al proyecto independentista con el objetivo de llevar al Gobierno a la mesa de negociación y buscar una salida para que los catalanes “puedan votar”. ¿Pero qué pasa con las cuentas públicas de la administración autonómica? Del total de la deuda, el 75% está en manos del Gobierno, del Reino de España, y es el Tesoro español el que se encarga de colocar en los mercados toda esa deuda, con la imposibilidad todavía, por parte de la Generalitat, de acudir por su cuenta ante los inversores privados e institucionales.

El vicepresidente de la Generalitat y consejero de Economía, Pere Aragonès (ERC) / EFE

Del total del pasivo, y al cierre de 2019, el Estado tiene en su cartera hasta 59.666 millones, del total de 79.060, como apunta el Banco de España. En la proyección del organismo económico del Estado se prevé que ese proceso vaya a más en los próximos años, con el punto álgido en 2022. En ese momento, nueve de cada diez euros de las necesidades de financiación de la Generalitat correrán a cargo del Gobierno central. De hecho, lo que llega del Estado a la Generalitat como financiación se utiliza en gran medida para pagar los propios créditos asumidos con el Reino de España.

Pedir recursos para financiarse

La situación de dependencia ha resultado ser una paradoja. A medida que el Govern de la Generalitat, en manos independentistas en los últimos diez años, iba acelerando el llamado procés soberanista, la financiación por parte del Estado ha sido mayor. Si en 2012 el Estado como acreedor tenía el 13,2% de la deuda, ascendió al 30,6% en 2013; y era casi del 40% en 2014. En 2017 ya llegó al 70% y fue del 75,4% en 2019.

El departamento que dirige Pere Aragonès pidió en 2019 hasta 7.998 millones a la llamada Facilidad Financiera, el instrumento que sustituyó al FLA, y que Cataluña pudo dejar en 2018 por la importante reducción del déficit que había acometido. Con condiciones mucho más llevaderas para la administración autonómica, la Generalitat pagó de ese total de 7.998 millones pedidos hasta 6.713 millones para devolver al Estado. Y en 2020, de los 10.224 millones que se solicitaron, 7.681 son para la amortización de préstamos del Estado.

Hasta 5.000 millones

Esa situación cambiará ahora, pendiente la Generalitat de los fondos que lleguen del Gobierno por la pandemia del Covid. Aragonès solicita 5.000 millones, que serían, únicamente, “para parar el impacto” en ámbitos como el sanitario y el de servicios sociales.

La dependencia de la Generalitat, con una deuda que no deja de aumentar, aunque en los últimos años a un menor ritmo, es total respecto al Reino de España, que se ha convertido en el principal y único banquero de la administración autonómica, en manos del independentismo.