Víctimas de las cargas policiales del 27 de mayo de 2011 en la acampada de "indignados" de Barcelona han exigido a la Generalitat que aparte al inspector de los Mosssos d'Esquadra condenado de las unidades de antidisturbios de Barcelona y lo suspenda de empleo y sueldo, aunque la sentencia no sea firme.
En un comunicado, el grupo de "indignados" que presentó la querella y su equipo jurídico celebran la condena del inspector Jordi Arasa, por unos hechos que "generaron un fuerte rechazo social a nivel internacional por la brutalidad policial empleada contra el 15M en un desalojo revestido de operación de limpieza", aunque lamentan que la sentencia "llega demasiado tarde".
"Paso importante contra la impunidad"
Los abogados de las acusaciones particulares denuncian que "muchos de los responsables de la violencia policial de aquel día han quedado impunes a nivel jurídico", pero consideran que la sentencia es "un paso importante contra la impunidad y para la defensa del ejercicio del derecho a la protesta".
Las víctimas han exigido a la Generalitat que adopte medidas cautelares que impidan que Arasa siga ejerciendo en las unidades antidisturbios de Barcelona y que le suspendan de empleo y sueldo, mientras se está a la espera de que la sentencia sea firme.
Inhabilitación
Asimismo, consideran que la sentencia "impone una revisión profunda en los mecanismos de control, evaluación y sanción interna del cuerpo de Mossos, ya que no solo se ha mantenido en el cargo al agente condenado a lo largo de estos 9 años, sino que el pasado mes de marzo fue ascendido".
Según el comunicado, las víctimas no tienen "ningún interés" en que Arasa, condenado a dos años y cuatro meses de cárcel y suspensión de cargo público, entre en prisión, puesto que lo que pretendían es "depurar la actuación que tuvo el condenado como jefe de la ARRO en un acto de protesta pacífica", con el fin de que fuera inhabilitado para que no repitiera su conducta en el futuro.
"Conductas antidemocráticas"
"Nuestro objetivo ha sido siempre mostrar un sistema que sostiene conductas profundamente antidemocráticas ante una respuesta ciudadana amplia de protesta que lo ponía en cuestión", reza el comunicado, que lamenta que la impunidad en el caso de las cargas del 27M haya sido "continua, pública y aceptada a lo largo de todos estos años".
Fuentes del Departamento de Interior, por su parte, no han aclarado si el inspector va a ser suspendido antes de que la sentencia sea firme y se han limitado a afirmar que respetan "tanto las decisiones judiciales como las operativas".