Quim Torra, mal que le pese, es cautivo del autonomismo que dice haber superado. No renuncia a tener protagonismo en la política nacional, por lo que el pasado lunes envió a Laura Borràs a negociar con el Gobierno la abstención en la votación de la sexta prórroga del estado de alarma, la última. El portazo de Carmen Calvo, explican fuentes conocedoras de las negociaciones, fue bastante sonoro.
En paralelo, la legislatura del presidente catalán está en manos del Tribunal Supremo (TS), que podría dictar sentencia en otoño. Sin embargo, el mandatario catalán no quiere esperar a que se confirme su inhabilitación por desobediencia, por lo que podría anunciar la fecha de los comicios catalanes en cuanto el Alto Tribunal admita a trámite el recurso contra la condena. Dicho de otra manera, Torra no quiere que el Supremo le convoque elecciones. Sería incoherente con sus exigencias de soberanía.
El Congreso aprueba la última prórroga del estado de alarma / EP
Preparativos para coger el AVE
Laura Borràs, líder de Junts per Catalunya (JxCat) en el Congreso, había hecho ya todos los preparativos para coger el AVE y desplazarse a Madrid para negociar con la vicepresidenta Calvo la abstención en la votación celebrada ayer, convencida de que ERC volvería a votar “no”, como hizo en la anterior prórroga. Sin embargo, las negociaciones nunca llegaron a celebrarse, ya que los socialistas ya tenían garantizada la abstención de Esquerra, a cambio de un compromiso de resucitar la Mesa de Diálogo en julio sobre el conflicto independentista catalán. “Los socialistas querían evitar que Borràs abordara el tema de su suplicatorio”, añaden las citadas fuentes.
Gabriel Rufián (i) y Pedro Sánchez (D) en el Congreso /EFE
Se refieren a la causa abierta por el TS contra la exconsejera de Cultura por el fraccionamiento de contratos adjudicados en su etapa de directora de la Institució de les Lletres Catalanes. El tribunal ha pedido ya el suplicatorio al Congreso para investigar a la portavoz de JxCat por los delitos de fraude a la administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental. Los correos enviados al supuesto beneficiario de los contratos, así como el informe de la Sindicatura de Cuentas, confirman las irregularidades. Y aunque finalmente se libre de los delitos más graves, parece que el proceso no pinta bien para Borràs, quien asegura ser inocente y víctima de un Estado represor con el que, sin embargo, pretendía negociar el pasado lunes.
Torra, "autoridad competente"
Hay que recordar que hace dos semanas, Laura Borràs ya se ofreció con entusiasmo a negociar la quinta prórroga del estado de alarma. En aquella ocasión sí se reunió con Calvo, a la que exigió que Torra fuera reconocido como autoridad competente para gestionar la desescalada. La dirigente socialista tampoco aceptó las exigencias y tanto JxCat como ERC votaron “no”.
Los republicanos sí lograron arrancar, en las últimas reuniones, un compromiso de cogestión del post-Covid, según contempla el acuerdo alcanzado y que este miércoles se ha saldado con su abstención y palabras duras de Gabriel Rufián, portavoz de ERC, contra Borrás en el Pleno del Congreso. Un enfrentamiento verbal que solo puede leerse en clave preelectoral. La gran pregunta en medios parlamentarios es qué votarán los republicanos respecto al suplicatorio de la diputada investigada, pues su apoyo provocaría un choque definitivo entre los socios. ¿Crisis de gobierno en Cataluña? Está por ver.
La Declaración de Pedralbes que finiquitó el 'procés'
JxCat, como se sabe, nunca ha soportado que el partido liderado por Oriol Junqueras le tomara la delantera en la búsqueda de una salida al procesismo, que de hecho murió en la llamada Declaración de Pedralbes, firmada el 20 de diciembre de 2018 por Pedro Sánchez y Quim Torra tras una cumbre celebrada en el Palacio que da nombre al acuerdo.
El Tribunal Supremo da la razón a los bancos en los derechos de cobro del Castor / EP
Desde entonces, los neoconvergentes han mantenido el desafío secesionista, reivindicando autodeterminación --ayer mismo volvió a reclamarla Torra en el Pleno del Parlament--, mientras era ERC la que avanzaba en las negociaciones. De ahí que el PSOE ya no considere a JxCat un interlocutor válido, sobre todo cuando Torra fue condenado por desobediencia al negarse a retirar símbolos independentistas de los edificios de la Generalitat.
Pendiente de la sentencia firme del Supremo
Y si Borràs tiene problemas con la Justicia, el mandatario catalán afronta el final de su carrera política. Su causa es, jurídicamente, de lo más sencilla para los juristas. Otra cosa es que el Supremo no sea consciente de la importancia de una condena firme. El abogado de Torra, Gonzalo Boye, sostiene que habrá absolución, pero la confirmación de la condena forzaría una convocatoria electoral inmediata. Pero el propio Torra afirmaba ayer que no quiere que sea el Alto Tribunal el que marque los tiempos, por lo que es probable que, tras la admisión a trámite del recurso precipite ya la cita electoral.
Mientras algunas fuentes judiciales aseguran que esa toma en consideración del recurso podría tener lugar en julio, otras posponen ese momento procesal a septiembre, cuando se haya avanzado en la restitución de la normalidad tras la fase más grave de la pandemia. Ello podría coincidir con el debate en el Parlamento europeo sobre la retirada de la inmunidad del fugado Carles Puigdemont. Una tormenta perfecta para los intereses electorales de JxCat, que sin candidato todavía, quiere explotar al máximo el activismo social que puedan generar esos procedimientos judiciales.