El exalcalde de Sant Pere de Ribes es absuelto tras ocho años desde la denuncia de la CUP

La Audiencia Provincial de Barcelona ha absuelto a José Antonio Blanco, exalcalde de Sant Pere de Ribes por el PSC, de las acusaciones de prevaricación y malversación que se alzaron contra él hace ocho años. En 2012, el cupaire Joan Garriga --entonces miembro de la oposición en el ayuntamiento y, más tarde, diputado en el Parlament-- presentó una denuncia ante la Fiscalía en relación unos contratos públicos presuntamente ilícitos que, finalmente, no han sido probados como tales.

Las denuncias estaban relacionadas con la empresa municipal Garraf Promocions S.A., a través de la cual se realizaron las susodichas licitaciones entre los años 2002 y 2008. Blanco, al conocer la denuncia, tomó la decisión de retirarse de la alcaldía que había liderado durante 18 años como fórmula de defensa y protección de su partido. A pesar de que, ahora, se ha demostrado que la acusación era infundada.

Acusación desde la CUP

La incriminación de Garriga a través de la vía judicial vino acompañada de una campaña para desprestigiar al partido socialista y al propio Blanco desde el punto de vista político y social. El exalcalde de Sant Pere de Ribes --quien, tras dejar el ayuntamiento, se reincorporó a su puesto de trabajo en Renfe-- destaca que el grupo de Unitat Municipal 9-CUP “durante ocho años ha lanzado mentiras y descalificaciones sobre mi honestidad y gestión”.

De hecho, la gobernanza socialista del consistorio acabó tras esta denuncia, mediante una alianza del resto de partidos políticos que formaban parte del pleno municipal. “Ganaron a través de los tribunales lo que no ganaron en las urnas”, señala Blanco, aunque esta victoria duró poco: el PSC recuperó la alcaldía en 2015 de la mano de Abigail Garrido.

La CUP “impone su visión”

Tras ser absuelto de todas las acusaciones, Blanco ha recriminado la actuación político-social de la CUP, que --según detalla-- “está acostumbrada a imponer su visión del municipio con amenazas e insultos a los que no aceptan sus criterios, ensuciando la política municipal y fomentando el enfrentamiento entre vecinos”.

El exalcalde está seguro de que la iniciativa judicial de Joan Garriga y su partido “solo quería desacreditarme y anularme políticamente”. Es de destacar que la formación UM9-CUP formaba parte del Consejo de Administración y de la Junta General de la empresa pública investigada y, sin embargo, nada dijeron sobre las presuntas irregularidades que denunciaron ante el ministerio fiscal. Ahora, ocho años después y tras la absolución de la Audiencia Provincial --ante la que cabe recurso al Tribunal Supremo--, “todo el mundo queda retratado”, zanja Blanco.