La hacienda catalana triplica su presupuesto para recaudar lo mismo

Iba para “estructura de Estado” y se quedó en agencia sobredimensionada. La hacienda catalana, uno de los puntales procesistas consistente en implementar la independencia fiscal, ha triplicado su presupuesto, pero el nivel de recaudación sigue siendo el mismo. Los cambios en el impuesto de sucesiones y donaciones que contemplan los presupuestos de la Generalitat de 2020, unido a la creación de nuevas tasas, hacía prever un aumento de los ingresos de 170 millones respecto a ejercicios anteriores.

El aumento de la mortandad vinculada al coronavirus también podría favorecer el incremento de la recaudación, pero la crisis económica que se avecina puede menguarlo. En resumen, el gasto en la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC) no se corresponde con el nivel de actividad de la misma.

En 2011, el coste de la ATC incluido en las cuentas del Govern ascendía a 26,8 milones, cifra que en 2014 pasó a 28,5 millones. 

Pero el salto cuantitativo se produjo en 2015, con 35,8 millones de euros. Gobernaba entonces Artur Mas, quien ya había convertido la hacienda catalana en esa “estructura de Estado” que debía sentar las bases de una hacienda catalana propia.

Artur Mas presenta la red de oficinas para una hacienda catalana (feb 2014) / EFE

"Buenismo fiscal"

Su hacedor fue el inspector de Hacienda Joan Iglesias Capellas,  director del "Programa para la definición de un nuevo modelo de Administración Tributaria de Cataluña", seguidor de una teoría buenista según la cual, en Cataluña se impondría una confianza recíproca entre contribuyente y autoridad fiscal que permitiría conseguir una mayor eficacia recaudatoria, en contraposición al sistema coercitivo español.

Curiosamente, Iglesias nunca se independizó de la Hacienda estatal y en febrero de 2016 reingresó en la Agencia Tributaria Española, después de que Oriol Junqueras asumiera la vicepresidencia económica de la Generalitat.

El gasto en la ATC seguió creciendo bajo el mandato de Junqueras hasta llegar a los 93 millones de euros contemplados en los presupuestos de 2017, con la finalidad de recaudar todos los impuestos que pagan los catalanes mediante la puesta en marcha del programa informático Espriu sofisticado.

Fue un año convulso, tanto en lo que respecta al desafío independentista --referéndum del 1-O, DUI, aplicación del artículo 155--como de la propia ATC, donde el Gobierno del PP puso la lupa tras las declaraciones del exsenador de ERC, Santi Vidal, quien aseguró que la hacienda catalana podía soltar lastre de la española porque, con el paso del tiempo, había recopilado una base de datos gracias a los tributos que ya gestionaba la Generalitat amparados por la ley.

Insumisión fiscal

También estaba en su punto álgido el llamamiento a la insumisión fiscal, esto es, al pago de los impuestos directamente a la hacienda catalana. Pero este activismo tributario apenas tuvo éxito.

Así las cosas, se llegó a 2019 con una propuesta presupuestaria de 82,3 millones que no llegó a aprobarse porque las cuentas de la Generalitat estaban prorrogadas desde 2017. Esta es la cifra que, esta vez sí, se aprobó para 2020.

Sin embargo, frente a ese aumento del gasto en la ATC, la recaudación líquida anual se ha mantenido prácticamente inalterable. En respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por el diputado de Ciudadanos José María Cano, el vicepresidente económico Pere Aragonès explica que los ingresos por impuestos directos e indirectos, ya sean propios de la Generalitat o cedidos por el Estado, ascendieron a 3.220 millones en 2017, mientras que en 2018 alcanzaron los 3.426 millones. El año pasado, la cifra era de 3.599 millones.

“No es lógico el aumento del gasto en la ATC cuando la recaudación apenas ha aumentado. Se trata de una estructura sobredimensionada”, explica Cano a Crónica Global. Recuerda, además, cómo en 2017, Junqueras revocó el convenio con las 51 oficinas liquidadoras dirigidas por los Registradores de la Propiedad --dependientes del Ministerio de Justicia-- a pesar de la gran labor que, durante 40 años, habían hecho en la lucha contra el fraude fiscal. La medida, que afectó a 277 trabajadores, supuso para la Generalitat un ahorro de 25 millones de euros al año. Y también desvincularse del Estado.