Caos jurídico de la Generalitat por el blindaje de altos cargos independentistas

“Será un auténtico galimatías”. Así define un jurista la decisión de la Generalitat de asumir el gasto judicial de sus altos cargos, por ejemplo aquellos que están implicados en el desafío independentista. Este blindaje, explican fuentes conocedoras del funcionamiento de los servicios jurídicos del Govern, obligará a licenciados en Derecho que nunca han pisado un juzgado porque están muy especializados en sus correspondientes ámbitos administrativos, a ponerse a disposición de esos pleitos.

Tal como publicó ayer Crónica Global, la Ley catalana 5/2020, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público --conocida como ley de acompañamiento de los presupuestos-- blinda a los altos cargos del sector público catalán de rendir cuentas judiciales y económicas ante posibles negligencias en su gestión. A partir de su artículo 103, la ley introduce modificaciones en la regulación de la función pública [puede leerse en este enlace] para garantizar esa protección.

Los catalanes pagan la fiesta

Asimismo, la nueva ley catalana pone a la Abogacía de la Generalitat al servicio de todos estos altos cargos, según indica el artículo 175, que modifica la ley catalana que organiza los servicios jurídicos de la administración catalana. Dicho de otra manera, los catalanes pagarán de su bolsillo los costes judiciales derivados del desafío independentista.

En principio, la ley no otorga efectos retroactivos, ya que debería constar así exprofeso. Pero los juristas consultados por este medio subrayan el hecho de que el citado artículo 175 afirma que “la Generalitat se podrá hacer cargo de la defensa indistintamente de la situación procesal del imputado. No les hace falta retroactividad, ya que la Abogacia asume la situación, sea la que sea, en el momento de publicarse la Ley. Todo calculado”.

La organización jurídica de la Generalitat

El portal de la transparencia de la Generalitat indica que el Govern y sus empresas satélites tienen 501 altos cargos, cifra que da idea del terremoto que se avecina en la organización de los servicios jurídicos de la administración catalana con ese blindaje. Una fuente conocedora de esa estructura explica que “cada departamento de la Generalitat y del sector público tiene su propia asesoría jurídica especializada. Los procedimientos administrativos son llevados a cabo por licenciados en derecho que no ejercen como abogados”.

Al frente de cada asesoría hay un advocat en cap, normalmente perteneciente al cuerpo de Letrados de la Generalitat, con rango de jefe de servicio, que no acostumbra a ser procesalista.

Las oposiciones

Desde hace pocos años, en las oposiciones a la administración autonómica a puestos de rango superior se puede elegir entre tres categorías: cuerpo general --se requiere cualquier carrera universitaria--; cuerpo general y especialidad en Derecho, o cuerpo general y especialidad en Económicas.

“Estos profesionales trabajan en los departamentos llevando todo tipo de temas generalistas, pero los que optan por una de las especialidades obtienen un puesto de trabajo relacionado con esa especialidad escogida, por ejemplo presupuestos, compras, intervención --economistas-- o situaciones jurídicas de personal, contratación pública o asesoría jurídica --licenciados en derecho--”, explica esta fuente.

Solo los que forman parte del cuerpo de Abogados de la Generalitat, equiparable a la Abogacía del Estado, ejercen como abogados procesalistas --juicios y asistencia letrada-- o como redactores de normas y control normativo en los departamentos. Algunas empresas públicas han habilitado mediante poder notarial a licenciados en Derecho para que pleiteen en su nombre, otras se acogen a bufetes externos, y otras solicitan abogados de la Generalitat, “cosa que sería lógica y no le costaría ni un euro al ciudadano”.

Pero “si ahora tienen que desviar abogados de la Generalitat a defender a estos altos cargos, es posible que quieran habilitar a los licenciados en Derecho para que pleiteen en nombre de la Generalitat, lo cual puede suponer un verdadero galimatías”. Estos profesionales “son muy buenos técnicos en la rama del Derecho que conocen en su departamento llevando los procedimientos administrativos, como salud, arquitectura, medio ambiente, tráfico, pesca, cine... pero nunca han pisado un juzgado. Es como si un médico que se ha pasado toda su vida en la Consejería de Salud y de repente tiene que atender en una consulta médida. La verdad, mucha confianza no me inspiraría”.

El hijo del expresidente de la Diputación dirige los servicios jurídicos

Desde hace tres años, la dirección del Gabinete Jurídico de la Generalitat está en manos de Francesc Esteve. Entre sus cometidos figura la "coordinación jurídica de todas las unidades con funciones consultivas o contenciosas asistidas por abogados de la Generalitat u otros letrados, sin perjuicio de que pueda asumir personalmente la representación y la defensa de la Generalitat".

Esteve (Martorell, 1970), cuya elección sorprendió en medios jurídicos, pues no le consideraban un profesional de reconocido prestigio, tal como exige el cargo, es hijo del expresidente de la Diputación de Barcelona Salvador Esteve (CDC), quien en mayo de 2018 fue detenido por el supuesto desvío de subvenciones a entidades vinculadas a CDC.