El ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el director del Centro de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, han sido objeto de sendas querellas por la gestión del Gobierno español en la crisis del coronavirus. En el caso del primero, por parte de un sindicato que le acusa por la distribución de mascarillas del tipo FPP2 en centros hospitalarios que resultaron defectuosas. Y en el del segundo, por un enfermo de Covid-19 que horas antes de morir este jueves presentó un escrito ante los juzgados.
Este segundo caso es el del José A., un paciente con coronavirus fallecido en un municipio de Barcelona que se querelló contra altos cargos de Sanidad --entre ellos, Fernando Simón--, así como contra el administrador de la empresa que intermedió en la compra de los tests defectuosos para detectar la enfermedad.
La querella se presentó el miércoles ante los Juzgados de Instrucción de Madrid por vía telemática, y su autor ordenó a sus herederos que sigan adelante con la acción penal si es admitida a trámite.
Ingreso en marzo
El hombre acudió al hospital Hestia de Barcelona el pasado 13 de marzo para hacerse una biopsia, y tuvo que volver a los siete días debido a una indisposición por una patología previa, y finalmente quedó ingresado.
Según la querella, al no disponer en hospitales de tests suficientes, los facultativos "estaban expuestos a estar contagiados y ser transmisores" de Covid-19, lo que "conllevó", según él, que se infectara.
Pidió a sus herederos que no la retiren
Los médicos --señala el escrito-- diagnosticaron el estado "catastrófico" de José A. y pronosticaron "un rápido fallecimiento", por lo que el paciente solicitó el alta, que le dieron el 15 de abril, y fue trasladado a su casa "a la espera del fatal desenlace".
Este miércoles, la víctima redactó un documento delante de testigos y solicitó la interposición de la querella, que se reclama que se considere urgente a efectos de tramitación procesal. Además, encomendó a sus herederos seguir adelante con el proceso.
Posibles delitos contra la salud pública
En la querella se recalca que el Ministerio de Sanidad pagó por un producto "fraudulento" y se subraya que la Organización Mundial de la Salud (OMS) había alertado "desde al menos enero de 2020 de los riesgos para la salud pública" de la Covid-19.
El escrito apunta la posible existencia de delitos contra la salud pública, por lesiones y homicidio por imprudencia profesional, por la falta de tests en sanitarios y por la compra de los que fueron defectuosos.
Esos test defectuosos, a juicio de la parte demandante, impidieron que hubiera pruebas eficaces en tiempo adecuado.
Demandados
La querella, presentada por el despacho de Díaz Aparicio, se dirige contra Fernando Simón, las directoras de Salud Pública y de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Pilar Aparicio y Patricia Lacruz, respectivamente, y la responsable de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, María Jesús Lamas.
También contra del responsable de la oficina centralizada de compras de productos sanitarios del Ministerio de Sanidad y contra el administrador de la empresa intermediaria en la compra de los tests defectuosos de la compañía china Bioeasy (Interpharma).
También las comunidades autónomas
Se pide que se los cite como investigados y a las Consejerías de Sanidad de la Comunidad de Madrid y de Cataluña como responsables civiles directos o subsidiarios, por ser las responsables de velar por que se cumpla la normativa de expedición de medicamentos y de proveer a los sanitarios de medios de control de enfermedades contagiosas.
El querellante señala que Sanidad, en una fecha no determinada de marzo, adquirió a través de Interpharma los tests defectuosos, que se aplicaron a pacientes hasta que se comprobó que no eran eficaces. Sus resultados erróneos supusieron "un menoscabo de la salud colectiva", añade.
Querella contra el ministro Illa
Por otra parte, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha decidido interponer una querella criminal ante el Tribunal Supremo contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, por la distribución en centros hospitalarios de mascarillas del tipo FPP2 que resultaron ser defectuosas.
Así lo ha acordado el Comité Ejecutivo de la CESM por lo que considera una "actuación negligente" por parte del ministerio, "poniendo en grave riesgo la salud e integridad del personal sanitario, y especialmente de los médicos, que han utilizado dicho producto con el convencimiento de su idoneidad y en la buena fe que se debe presumir de quien tiene tan altas responsabilidades".
Presunto delito contra los derechos de los trabajadores
Según informa la CESM en un comunicado, la querella se presentará por la "presunta comisión de delito contra los derechos de los trabajadores". Concretamente, por lo dispuesto en el artículo 316 del Código Penal, que persigue a quienes "con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física". Y en el artículo 317, para los que cometan dicho delito por "imprudencia grave".
Según establece el Código Penal, este tipo se castiga con penas de prisión que oscilan entre los seis meses y los tres años, así como con multas que van de seis a doce meses.
Más elementos bajo sospecha
Además de estas mascarillas defectuosas, el sindicato destaca que esta circunstancia "se ha visto agravada" por la "aparición de otras partidas de elementos de protección que tampoco están homologados, lo que pone bajo sospecha la gestión que se ha hecho de este tema por parte del ministerio".
"Y si esto no fuera suficiente, hemos de añadir la noticia publicada en las últimas horas en el diario El Mundo que denuncia que Sanidad retiró las mascarillas fake a los cinco días de saber que no estaban homologadas", sostienen.
"No podemos dejar pasar por alto que más de 32.000 sanitarios están afectados a día de hoy de Covid-19 y que el número de fallecidos es inasumible e inaceptable desde cualquier punto de vista, lo que junto con los datos que conocemos de la evolución de la pandemia en España les deberían hacerse replantear la práctica totalidad de la gestión que están realizando al efecto", añade el escrito.