La Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos rechaza los presupuestos de la Generalitat de 2020 que se aprobarán mañana en el Pleno del Parlament por considerar que son “simple propaganda” y consolidan privatizaciones y recortes.
En un comunicado, esta entidad que agrupa a movimentes sociales, fuerzas políticas y sindicatos, consideran que la propuesta del Govern “mantiene los recortes, consolida y profundiza en la privatización de los servicios públicos y no supone ninguna mejora sustancial de las condiciones de vida de las clases trabajadores y populares”.
Gravísimas consecuencias
“Ahora, con la situación de emergencia sanitaria del coronavirus, estamos viendo las gravísimas consecuencias de privatizaciones y recortes en forma de falta de recursos para salvar vidas y evitar contagios: ancianos muriendo sin atención sanitaria y en pésimas condiciones en residencias, falta de equipos mínimos de protección para el personal sanitario, colapso de los hospitales públicos mientras sobran camas vacías a los privados, laboratorios que venden tests de la Covid-19 mientras la población más vulnerable no tiene acceso”, denuncian.
Añaden que “las mejoras sociales anunciadas son simple propaganda: se han inflado los números y gran parte de los incrementos de gasto anunciados en su momento como mejoras sociales, no son incrementos reales con efectos 2020 sino que simplemente incluyen los gastos que los últimos tres años se han ido consolidando en los presupuestos prorrogados”.
Presupuestos obsoletos
La Plataforma afirma que “se trata de unos son unos presupuestos obsoletos, sin sentido en el contexto actual y que priorizan el pago de la deuda a la educación, la sanidad y el bienestar social: se destinarán más de 10.000 millones de euros al pago de la deuda. Esta partida es la que más aumenta, en concreto un 31% respecto a los presupuestos ejecutados del año anterior y supera los gastos de los departamentos de educación, sanidad o asuntos sociales y familia”.
Aseguran que, en el ámbito de la educación, se avanza en el proceso de privatización, incrementando un 8% la financiación de los centros de titularidad privada concentrados (el doble del incremento total del presupuesto de educación”, mientras que en el ámbito sanitario y sociosanitario se “consolidan los recortes de los últimos años, en especial los recortes en la atención primaria, perpetuando las listas de espera”. Y siguen apostando por un modelo de gestión privada.
Por ello, exigen un plan de choque urgente, en lugar de la aprobación de los presupuestos. “Un cambio radical en el modelo de gestión que revierta los recortes privatizaciones, y que avance hacia unos servicios cien por ciento públicos”.