Investigación contra el Govern por el veto al hospital de la Guardia Civil

La justicia activa la maquinaria para investigar una denuncia sobre el bloqueo del Govern del hospital de campaña de la Guardia Civil en Sant Andreu de la Barca (Barcelona). El juzgado de Instrucción número 5 de Martorell, en funciones de guardia, ha admitido a trámite la denuncia de un abogado y ha incoado diligencias previas para cerciorarse de si el escrito, que percibe delito en la negativa de la Consejería de Salud a dar permiso al pabellón con 140 camas, tiene fundamento. 

En el auto de incoación al que ha accedido este medio, la sala que preside la magistrada Miriam Sala abre procedimiento y notifica a la Fiscalía que estudie si practica las "diligencias que considere oportunas para la instrucción de la presente causa". Así, la magistrada esperará al escrito del ministerio fiscal, a quien pide que acote "la competencia de este juzgado para conocer los hechos denunciados". También avisa la juez de guardia de que, habida cuenta de que los dos denunciados, el presidente catalán, Quim Torra, y la consejera catalana de Salud, Alba Vergés, son cargos electos, debe informar a la sala penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) con arreglo al artículo 73 de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial.

Acciones judiciales

A la espera de que Fiscalía se pronuncie y responda si inicia diligencias, la acción judicial contra el Govern es una más en el abanico de acciones judiciales contra las trabas del Gobierno catalán al esfuerzo del Ejército y la Guardia Civil en su lucha contra la pandemia del SARS-CoV-2 en Cataluña. Al auto de apertura de diligencias previas por el bloqueo del hospital de campaña de Sant Andreu de la Barca, que ayudó a montar el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) y personal destinado a la comandancia local, se le une otra investigación paralela en Sabadell. En este último municipio, el juez de guardia ha incoado, también, diligencias previas para saber si pudo existir presunto delito en los obstáculos de la Consejería catalana de Salud al hospital provisional que ayudó a montar el Regimiento de Especialidades de Ingenieros (REI) número 11 del Ejército de Tierra en la Pista Cubierta de Atletismo,

En paralelo a ello, Impulso Ciudadano ha elevado esta semana una queja al Defensor del Pueblo para que analice las actuaciones del Ejecutivo de Torra con las fuerzas armadas en su actuación contra la acción del virulento patógeno. La organización que comanda José Domingo alerta de que la Generalitat de Cataluña estaría "de manera premeditada, dificultando la actuación de las fuerzas armadas en las labores asistenciales, de prevención y de control de la pandemia del coronavirus".

El PP pide utilizar el pabellón

La noticia de que el juzgado de guardia incoa diligencias previas por la denuncia presentada por el veto del Govern al pabellón con 140 camas habilitado en el polideportivo de Sant Andreu de la Barca ha llegado el mismo día en el que el PP ha pedido activar el equipamiento provisional. El diputado en el Parlamento catalán, Santi Rodríguez, a la sazón portavoz en la Comisión de Sanidad, y la electa en el Congreso María de los Llanos de Luna han exigido al Ejecutivo de Torra que ponga en marcha "urgentemente" la instalación para luchar contra el Covid-19. En una nota, Rodríguez y Llanos de Luna han afeado a la Generalitat que "está boicoteando esta instalación por tratarse de una iniciativa de la Guardia Civil".

A este respecto, el PP ha recordado que el Hospital Sant Joan de Déu de Martorell, el de referencia para Sant Andreu, está al límite, habiéndose visto obligado a derivar enfermos al Hospital Universitario de Bellvitge (HUB). Es por ello que los dos diputados consideran que la actitud de la consejera de Salud, Alba Vergés, constituye una "tremenda irresponsabilidad que puede costar vidas humanas.