A la Consejería de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia de la Generalitat se le acumulan los problemas ante la pandemia del coronavirus. Uno de ellos tiene visos de cronificarse. Se trata de la gestión de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), dirigida a quienes sufren una pobreza extrema y cuya gestión ha sido un caos desde que se aprobó en julio de 2017.
Desde entonces, el porcentaje de rechazos –un 80%-- se ha mantenido en niveles que la Comisión Promotora de la RGC ha venido denunciando, así como la falta de desarrollo reglamentario y de actualización de las ayudas en base al IPC.
Todo ello se ha bloqueado con la suspensión de la actividad parlamentaria impuesta por la Covid-19. Hasta ahora se han beneficiado más de 120.000 personas de esta RGC
El día 1 finalizaba el período de transición de las cuantías económicas, de forma que de los 664 euros que cobra una persona al mes, se debía pasar a los 773. Por ello, la Comisión Promotora insta a los grupos parlamentarios a votar a favor de las enmiendas presentadas en la disposición adicional 18 del proyecto de presupuestos para 2020, así como la revisión de la gran mayoría de solicitudes de la prestación denegadas, la publicación del reglamento.