Las trabajadores del hogar sin ingresos a causa del estado de alarma recibirán un subsidio extraordinario temporal, según ha aprobado el Gobierno este martes, 31 de marzo.
Tal y como ha informado el Ejecutivo, se trata de una ayuda para aquellas profesionales que "hayan dejado de prestar servicios en uno o varios domicilios, total o parcialmente, para reducir el riesgo de contagio por la pandemia", o para aquellas que han sido despedidas a causa de esta crisis.
Pablo Iglesias durante la rueda de prensa / CG
Tienen que estar dadas de alta
¿Qué hay que hacer para acceder al subsidio? Es necesario presentar la declaración firmada por la persona empleadora o la carta de despido o la baja del Sistema de Empleados del Hogar del Régimen General de la Seguridad Social. La beneficiaria recibirá el 70% de la base de cotización y, en el caso de que su jornada haya sido reducida, explica el Ejecutivo, esta percibirá la parte proporcional a esta reducción de jornada.
Este subsidio es compatible con otros ingresos, como la percepción de otros salarios por cuenta propia o ajena si no se supera, en conjunto, el salario mínimo interprofesional (SMI); y también con el subsidio por incapacidad temporal o con el permiso retribuido recuperable.
Iglesias: "Dar seguridad y protección al colectivo"
El derecho de esta prestación nace "desde la fecha de baja en la Seguridad Social" o "desde la fecha que figure en la declaración responsable firmada por la empleadora" y su tramitación se puede realizar en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que, según apunta el Ejecutivo, habilitará el procedimiento de estas solicitudes.
El objetivo, según ha explicado el vicepresidente segundo de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, es "dar seguridad y protección" a unos colectivos que sufren el "impacto negativo" de la pandemia y que no habían sido incluidos en el primer decreto.
Unas 580.000 trabajadoras
El colectivo mayoritariamente femenino de empleadas del hogar está formado por unas 580.000 trabajadoras, según la última encuesta de población activa (EPA), pero solo hay 394.171 personas afiliadas en el sistema especial, lo que refleja la irregularidad que se da en estos empleos.