El Gobierno estudia una renta mínima vital de la que se beneficiarían más de 5 millones de personas

El vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha anunciado que el Gobierno está trabajando en una renta mínima vital de la que se podrán beneficiar más de 5 millones de españoles para hacer frente a la crisis económica provocada por el coronavirus.

Tal y como ha adelantado Iglesias tras la reunión del Consejo de Ministros, en la que se ha aprobado un nuevo paquete de medidas para ayudar a las familias afectadas por las consecuencias de la pandemia, tanto la vicepresidencia como el ministerio de Trabajo y el de Seguridad Social se encuentran trabajando de manera coordinada "para que el ingreso mínimo vital sea una realidad que podamos anunciar aquí cuanto antes".

Las previsiones del Gobierno

A pesar de que este nuevo paquete de medidas aún no contempla la idea de una renta mínima vital, el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha querido adelantar esta iniciativa de la que, calculan, se podrán beneficiar "más de 5 millones" de personas.

"Los cálculos realizados por los equipos, sobre los trabajos que estamos haciendo con el Ministerio de Seguridad Social e Inclusión, hablan de más de 5 millones de conciudadanos, mientras las medidas que se están tomando en el caso del alquiler afectarían a más de medio millón de familias", ha explicado Iglesias.

Las peticiones de la PTS

La Plataforma del Tercer Sector (PTS), compuesta por 30.000 ONG, había pedido al Gobierno que "priorizara la regulación del ingreso mínimo vital o la paralización de las cuotas de los arrendamientos de viviendas para sectores vulnerables". Así se lo reclamó la semana pasada al secretario de Estado de Derechos Sociales, Ignacio Álvarez, y a sus directores generales.

Pidieron "compromiso de diálogo y escucha activa" antes de adoptar medidas sociales de relevancia. Asimismo, sugirieron otras medidas al ministerio de Derechos Sociales, como destinar los fondos recaudados a través de la conocida como X solidaria de las empresas durante el año 2019 a organizaciones sociales de ámbito estatal para programas que frenen el impacto del Covid-19 en los grupos más vulnerables.