Seis militantes de Arran, organización de la izquierda radical independentista muy cercana a la CUP, se sentarán ante el juez el 28 de abril por el escrache a la sede del PPC en Barcelona en marzo del 2017. Están acusados de los delitos de desórdenes públicos y daños por intentar ocupar el local.
Adriana Roca y Xavier Pellicer, portavoces de Arran y Alerta Solidària, respectivamente, han explicado la situación de los seis militantes acusados por los hechos del 2017. Lo han hecho en una rueda de prensa ante la Delegación del Gobierno en Cataluña. Si bien es cierto que el PP ha retirado su acusación particular, la Fiscalía pide que se les impongan multas.
Arran, ahogada económicamente
Es por la cuantía de las multas que los portavoces han protestado. Según Roca, ascienden a 36.000 euros, "muy elevadas", y ha afirmado que actualmente Arran cuenta con "una treintena de casos con penas parecidas", lo cual supone "un ahogo económico" para la organización.
En febrero del 2018, la Fiscalía acusó a los seis militantes de un delito de desórdenes públicos. Por ello, el ministerio público pidió penas de 5.400 euros de multa para cada uno de los seis jóvenes y que se les condenase, además, a indemnizar con 1.319 euros al PP por los gastos de limpieza de los grafitis que los activistas hicieron en las paredes y los cristales de la sede del partido.
Arran amenaza con más movilización
"Somos conscientes de que la represión busca desmovilizar y, por lo tanto, nosotros solo responderemos con más movilización", ha subrayado.
Por otro lado, el portavoz de Alerta Solidària ha explicado que las abogadas Norma Pedemonte y Júlia Humet se encargarán de la defensa de los acusados, para quienes se pedirá "la libre absolución".