Competencia amenaza con denunciar a Colau a Antifraude por corrupción

La Autoridad Catalana de la Competencia (Acco) amaga con llevar al Área Metropolitana de Barcelona (AMB), que preside Ada Colau, a la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC). El fiscalizador del mercado ha alertado hoy viernes que "tomará medidas" contra la institución que lidera la alcaldesa de Barcelona si ésta adjudica el contrato del Aerobús, investigado por presuntos amaños, en el consejo metropolitano del martes, 25 de febrero.

Así lo ha explicado Marcel Coderch, presidente de la Acco, en conversación con Crónica Global. El directivo ha admitido que el AMB "lleva en el orden del día del plenario del martes la adjudicación del Aerobús" por 89 millones de euros para seis años. Ello ha puesto en alerta a la autoridad, que investiga presunta colusión --acuerdo entre empresas-- en este concurso. Coderch ha recordado que "la instrucción de este expediente ya ha finalizado y el caso está ahora en el Tribunal Catalán de Defensa de la Competencia (TCDC), que estudiará el asunto y propondrá, si procede, una sanción". Ello interrumpe la investigación de Competencia. "El AMB parece que ha decidido proponer la adjudicación del Aerobús cuando el expediente no está resuelto. Desde la Acco no diremos a nadie lo que debe hacer, pero sí intervendremos en los escenarios que ocurran".

Recurso o a Antifraude

Esta actuación contra el AMB de Colau puede tomar diversas formas. "Se puede recurrir la resolución de la adjudicación, si la aprueba el consejo, o se puede llevar el caso a la Oficina Antifraude", ha enumerado. ¿Por qué deberían hacerlo? "Porque el orden lógico de las cosas es esperar a que finalice la investigación para saber si existió colusión entre empresas", ha subrayado el también exvicepresidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). "El Área Metropolitana alega que esta entidad se ha demorado en la resolución de forma indebida. Ello es falso, pues tenemos hasta 18 meses para resolver. La resolución, en su fecha prevista, estará dentro de plazo", ha explicado.

"También argumenta el AMB que ha elaborado un informe jurídico del que discrepamos. Asimismo, enfatiza la Administración que urge adjudicar el contrato porque el ganador debe poner autobuses eléctricos con el fin de cumplir con el plan contra la emergencia climática. Este último es un aspecto que debe figurar en los pliegos de contratación antes de iniciar la licitación, no puede exigirse a medio proceso", ha valorado Coderch. "La Administración ya sabía que este año entra en vigor una Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Ello no es argumento con fuerza suficiente para avanzar la adjudicación de una licitación que, recordemos, la propia AMB suspendió por el inicio de las pesquisas de Competencia", ha apostillado.

"Iremos a Fiscalía porque es corrupción"

Mucho más duras, fuentes del sector han mostrado su estupefacción por el hecho de que el AMB pase de la investigación por posible cártel de empresas en el concurso y trate de zanjarlo de un plumazo. "Sabemos que en el orden del día del consejo metropolitano figura la adjudicación del servicio de Aerobús a la unión temporal de empresas (UTE) SGMT Tusgsal TCC. Aluden como excusa que la Acco no se ha pronunciado sobre el ente. Olvidan que Competencia está dentro de los 18 meses de plazo y que no ha abierto una investigación, sino dos, por presunto amaño del concurso", señalan. "Curiosamente, se conoce que una de las empresas se ha acogido a la clemencia de la autoridad y ha aportado pruebas constatables de la colusión --una práctica prohibida por ley--".

Directivos del sector han avisado de que ya se han producido dos cosas. "Por un lado, se ha denunciado la añagaza del AMB a la oficina de transparencia de esta Administración", han indicado. En efecto, este medio ha accedido a las pruebas de la denuncia, en las que se asegura que el "AMB trata de beneficiar a los actuales adjudicatarios del servicio de Aerobús con una adjudicación mientras prosigue la investigación". Por el otro, el sector se está moviendo para denunciar el caso a Fiscalía, ya que lo considera una "prueba de corrupción" en la institución supramunicipal.

Una participada del AMB, beneficiada

El aviso de Competencia y el sector del transporte colectivo de pasajeros al AMB, que preside Ada Colau, sí, pero que gobiernan Barcelona en Comú, el PSC, ERC y Junts per Catalunya (JxCat), llega cuando se está a punto de conocer el resultado de la primera investigación de la Acco sobre irregularidades en el concurso del Aerobús, que se lanzó en 2017 y que la propia Área Metropolitana suspendió en diciembre de 2018 por los clamorosos indicios de que los actuales adjudicatarios habían constituido un cártel para retener la contrata. Estas empresas no son otras que Transports Meropolitans de Barcelona (TMB), una participada del AMB; la transportista independentista Moventia; Tusgsal; la consultora Cinesi, y la alicantina Vectalia.

De hecho, la actuación de Competencia con el jugoso concurso, de 89 millones a seis años, es la primera de diversas actuaciones que apuntan a irregularidades en las adjudicaciones del transporte por parte del AMB. No en vano, la Acco impugnó otra adjudicación en marzo de 2019: la del autobús urbano en el Baix Llobregat. En enero de este año, el fiscalizador que preside Marcel Coderch ha puesto la lupa sobre otro concurso: el del transporte a la Zona de Actividades Logísticas (ZAL). Días antes y tal y como avanzó este medio, Competencia lanzó otro procedimiento para investigar irregularidades en otro: el del Aerobús en 2008, anterior al que el AMB pretende aprobar ahora.