Puigdemont esquiva el embargo del Tribunal de Cuentas con fianzas ya ingresadas

Carles Puigdemont y buena parte de su equipo en el Govern durante 2017 se libran de ser embargados por malversación de dinero público para organizar el 1-O. El Tribunal de Cuentas ha aceptado las fianzas que fueron depositadas en otros tribunales para cubrir los gastos que reclamaban por la organización del referéndum ilegal. 

El organismo fiscalizador reclamó 4,1 millones de euros a Puigdemont, a Oriol Junqueras --como exvicepresidente del Govern-- y a una treintena de ex altos cargos de la Generalitat que se malversaron para financiar la consulta sobre la independencia de Cataluña.

Fianzas al Supremo y a un juzgado de Barcelona

Los mismos hechos se investigaron en el Tribunal Supremo y en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona como causas diferentes. Estos dos estamentos judiciales impusieron sendas fianzas por malversación de dinero público para poder crear el 1-O: la del Supremo fue de 2,1 millones y la del tribunal barcelonés de 5,8 millones. 

El Tribunal de Cuentas ha decidido aceptarlas con el objetivo de "evitar duplicidades", según fuentes del organismo, y envió los requerimientos a ambos estamentos judiciales. El Supremo puso a disposición del Tribunal de Cuentas su parte el lunes 17 de febrero, día límite impuesto por este órgano para saldar la deuda por la delegada instructora de la causa. 

Petición de la defensa

La conmutación de fianzas fue una petición que partió de las defensas del expresidente catalán y su equipo de Gobierno, con la explicación de que el dinero abonado y el que el órgano fiscalizador pedía se referían a los mismos hechos: costear el referéndum secesionista ilegal con dinero público. Sin embargo, no todos los señalados por el Tribunal de Cuentas se encuentran incluidos en las causas juzgadas por el Supremo y el juzgado de Barcelona. Sin ir más lejos, Puigdemont y Toni Comín se libran del pago ya que, al estar huidos en Bélgica, no han podido ser juzgados ni han pagado las fianzas. 

Los 4,1 millones malversados iban a ser sufragados por la llamada caja de solidaridad del independentismo, una especie de crowdfunding que recoge donaciones para la causa secesionista. Pero un día antes de que acabara el plazo para ingresar esta fianza, los organizadores de la plataforma revelavan que se encontraban "muy lejos" de conseguir todo el dinero. --habían recaudado algo más de 800.000 euros--.