Eulàlia Reguant y Antonio Baños, exdiputados de la CUP, se enfrentan a una vista judicial por negarse a testificar ante Vox en el Tribunal Supremo, durante el conocido como el juicio del procés. El partido de ultraderecha les llamó a comparecer como testigos y ellos se negaron a hacerlo por motivos éticos, según defenderán ante el juez.
Los miembros del partido independentista radical han comparecido ante los medios para expicar que alegarán objeción de conciencia en el juzgado de instrucción número 10 de Madrid. Están citados por un presunto delito de desobediencia.
Citación judicial
Reguant está citada ante el juez el 25 de febrero mientras que Baños pasará por el tribunal el 18 de marzo. La cupaire irá de forma personal al juzgado de Madrid --la CUP ya ha convocado una concentración en su apoyo-- mientras que su compañero declarará por videoconferencia ya que no puede asistir por motivos laborales.
Reguant ha explicado que dejará constancia en su deposición que existe una "vinculación de la judicatura con el franquismo" y con Vox. "Existe una continuidad constitucional de Franco en el Estado" a través de los tribunales, ha declarado.
Críticas a Vox
Sobre su negativa a responder a las preguntas del partido de Abascal, acusación particular del juicio por el 1-O, la independentista ha defendido que "aceptar esta ideología discriminatoria" señalaba "la imposibilidad de obtener justicia".
El objetivo de esta actitud era, según sus declaraciones, "mostrar cómo la presencia de Vox no se podía entender como una anomalía, sino como un elemento más de este engranaje del Estado". Una tesis que también ha defendido Rovira al especificar que "señalar a Vox es señalar las estructuras del Estado"
Multados
Tras oponerse a declarar a Vox, el presidente del Supremo, Manuel Marchena, impuso a los secesionistas una multa de 2.500 euros a cada uno. La sanción fue pagada por la "caja de solidaridad" del partido, es decir, con las aportaciones de ciudadanos anónimos.
Reguant ha dado por hecho que irán a juicio porque no cree que un juez instructor "contradiga" al TS, pero ha asegurado que asumirán las consecuencias de su negativa a responder a Vox, por lo que pueden afrontar hasta un año de cárcel.