Ciudadanos exige "transparencia" a Ada Colau con los contratos menores, adjudicaciones que no requieren publicidad ni concurrencia. El partido que comanda Luz Guilarte en el segundo mayor consistorio de España ha lamentado que la "opacidad" el gobierno municipal sea "intencionada" tras desvelar este medio que el Ejecutivo anterior, también capitaneado por Barcelona en Comú (BComú), prorrogó arbitrariamente estas adjudicaciones.
En conversación con Crónica Global, la formación naranja ha alertado de que "la opacidad en la gestión del gobierno de Colau es del todo intencionada". Según Guilarte, "ha quedado una vez más al descubierto esta forma de esconder su política del dedazo, como su práctica habitual". En esta ocasión, el bipartito sociocomún "lo ejerce a través de una serie de prórrogas actuando al límite de legalidad, ya que la Ley de Contratos del Sector Público prohíbe expresamente las prórrogas en la contratación directa", ha enfatizado la concejal.
"Que se respete la ley"
A colación de ello, Guilarte ha valorado que "es inadmisible que Colau incumpla la ley en función de sus intereses". ¿Qué hará Ciudadanos en este escenario de descontrol de los contratos sin publicidad ni pública concurrencia? "Como oposición responsable, seguiremos exigiendo transparencia y eficiencia en la contratación", ha avanzado la líder del partido naranja en el segundo mayor consistorio de España.
En opinión de Guilarte, "el gobierno municipal debería abandonar estas malas praxis que están siendo puestas al descubierto y sobre las cuales ya se ha pronunciado incluso el Tribunal de Cuentas, alertando del riesgo que supone para el gasto público". En este sentido, la formación exige "que se respete la ley y la libre concurrencia propias de la buena gestión".
Prórrogas al límite de la ley
La valoración de Ciudadanos ha llegado después de que este medio diera cuenta de las últimas anomalías en contratación pública del Ayuntamiento de Barcelona. El gobierno municipal anterior, que también lideraba Colau, prorrogó durante más de un año adjudicaciones menores --las que se asignan sin concurrencia ni publicidad-- pese a que ello está explícitamente prohibido por el artículo 29.8 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público de 2017.
Esta presunta práctica dudosa llega después de que trascendiera que Barcelona en Comú --con el concurso del PSC entre 2015 y 2017-- rebasó los 261 millones de euros en contratos sin concurso público entre 2015 y 2018. La media de este tipo de procedimientos alcanzó el 94% del total durante los ejercicios citados. Antes, el Tribunal de Cuentas alertó también que el equipo de la alcaldesa de Barcelona adjudicó más de 50 contratos por un euro menos del límite legal para eludir el umbral de contratación abierta de obligatorio cumplimiento.