¿Ha abierto el ‘procés’ la veda contra la justicia española?

El independentismo arremete con dureza contra la justicia española por las causas judiciales abiertas a los dirigentes del procés. A las resoluciones europeas contrarias a la euroorden y el reconocimiento de la inmunidad de Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, se une la polémica designación de la exministra de Justicia Dolores Delgado como fiscal general del Estado.

¿Se ha abierto la veda contra la justicia española? Cuatro juristas consultados por Crónica Global consideran que ha llegado el momento de introducir cambios en el sistema de elección de los miembros del Tribunal Constitucional (TC) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para evitar su politización.

Huguet: "Es absolutamente necesario"

Para el abogado y expresidente del Consejo de la Abogacía Pere Lluís Huguet “es absolutamente necesario reformar la elección de los vocales del CGPJ, y volver al sistema inicial. La elección de los doce vocales de procedencia judicial debe efectuarse directamente y exclusivamente por los jueces y magistrados”. A su juicio, ”es la única forma de acabar con el uso político del órgano de gobierno de los jueces y mantener la relación con la soberanía nacional mediante la elección de los cuatro vocales del Senado y los cuatro del Congreso”. Huguet recuerda que “es el modelo que diseñó nuestra Constitución y el que permite independencia del poder político”.

En cuanto al Tribunal Constitucional, cree “que no es necesaria la reforma de la elección de sus miembros; cabe recordar que no es parte del poder judicial y es el intérprete de la Constitución y por lo tanto la elección de sus miembros --cuatro por Senado, cuatro por Congreso, dos por el Gobierno y dos por el CGPJ-- es un buen sistema”. Además, la reforma del método de elección, al estar establecido en el artículo 159 de la Constitución, debería efectuarse mediante reforma de la Carta Magna”.

Respecto al CGPJ, “solo está en la Constitución el sistema de elección de los procedentes de las cámaras, mientras que en los de procedencia judicial, la Carta Magna sólo regula su número, pero no su sistema de elección y esto es lo que ha sido utilizado por diferentes partidos para controlar su elección”.

Arbós: "Hay que salir del bloqueo"

Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional, ve dos motivos para reformar el sistema de elección de ambos órganos. “El primero es el de intentar salir del bloqueo. Cuando un partido político sabe que sus votos son indispensables para la renovación y, a la vez, está satisfecho con las mayorías existentes en el órgano del que se trate, tiene muchos incentivos para bloquear su renovación”. Para superar eso, “reformaría el sistema de mayorías: dejaría el mecanismo actual de mayorías reforzadas como primera vuelta. Y añadiría que, caso de no alcanzarse en la primera vuelta, bastara la mayoría simple en la segunda vuelta”. Admite Arbós que “ciertamente, eso no es lo deseable, porque el consenso es necesario. Pero es peor el veto pasivo en manos de un partido. Eso valdría para el TC y, por ahora, el CGPJ”.

Pero en el caso del Consejo “quedaría pendiente la reforma reclamada por el Greco (Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa), que la composición sea decidida por los jueces entre los jueces”: “Esa reforma de más calado, a mi entender, debería ir acompañada por una reflexión de fondo acerca del actual sistema de acceso a la carrera judicial”.

El sistema oposiciones tiene sus ventajas, asegura Arbós, pero cree “que merece una reconsideración. Si el primer motivo es salir del bloqueo, el segundo es de fondo”. “En cuanto al TC --continúa--, creo que habría que reformar previamente el Senado, para hacer de él una cámara en la que estuvieran representadas las comunidades autónomas y las ciudades autónomas, exclusivamente”. Sobre esta base “los miembros del TC deberían ser todos (los doce) votados por ambas cámaras. No puede ser que la sensibilidad potencialmente más ‘autonomista’ quede para el Senado y la visión más ‘estatalista’ para el Congreso". Es decir, “eliminaría los propuestos por el Gobierno y el CGPJ. Todos deberían tener las mayorías de ambas cámaras”.

Perea Unceta: "Un sistema lógico tras la dictadura"

“Me da la impresión de que se está situando el debate político en un terreno al que no le corresponde, pues la acción judicial no debe estar sometida al mismo”, explica el profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad Complutense de Madrid, José Antonio Perea Unceta.

Asegura que en Europa “no se siguen estas tensiones sobre el poder judicial que se plantean en España, principalmente porque no es noticiable, ya que la actuación ordinaria de nuestro sistema judicial es de las menos discutidas del continente tanto en el Tribunal de Justicia de la UE como en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.

Subraya, eso sí, las razones, históricas y coyunturales, por las que “determinadas instancias judiciales o cuasijudiciales eran designadas por el poder legislativo” y que ya han sido superadas, por lo que habría que “reformarlas para asegurar su independencia”.

Que en 1978 y 1980 se designara a una parte destacada del CGPJ desde las Cortes “tiene su fundamento en que las altas instancias judiciales eran, lógicamente después de 36 años de dictadura, muy conservadora en general. Pero hoy no es así y no debe mantenerse esta cautela, o tutela”.

Perea Unceta cree que lo mismo sucede con el Tribunal Constitucional, “que prácticamente es una cámara política más”: “Lo vemos estos días, con la designación del fiscal general. Debemos aclararnos y decidir si optamos por un modelo u otro de los que existen en el Derecho comparado, con mayor o menor control de los parlamentos e incluso de los jefes de Estado, pero hacerlo con fundamento y coherencia y mantenerlo, con su pros y sus contras”.

Un poder judicial, afirma el jurista, “no es menos imparcial porque designe el jefe del Estado al fiscal general y a los miembros del Tribunal Supremo cuando fallecen, como en EEUU, pero en este país responde a una historia y una circunstancia concretas, que no tienen por qué ser las de España”.

Perea Unceta recuerda que la UE está supervisando la remoción de los cargos judiciales por el Ejecutivo polaco. “Hay que analizar con perspectiva y sin prejuicios a qué obedece y ver si esa actuación es conforme con los parámetros democráticos europeos. Y sin olvidar que el concepto de Estado de derecho, de democracia y de estándar mínimo de derechos y libertades fundamentales los establece en nuestro continente, no la UE (28-1), sino el Consejo de Europa (47 Estados).

Marcet: "Evitar que sigan en funciones"

Joan Marcet, profesor titular de Derecho Constitucional en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y miembro del Consejo Académico del CEVIPOF-SciencesPo-Paris, apunta a una solución más sencilla. “Creo que no debe reformarse el sistema de elección. Lo que debería plantearse es que cuando los miembros del TC y del CGPJ finalicen el tiempo de mandato no se mantengan en funciones si no que dejen su puesto”.

De esta forma, añade, “los grupos parlamentarios se verían forzados a acordar y elegir los nuevos miembros”. Marcet afirma que “lo que ocurre ahora cuando cambian las mayorías parlamentarias, pero uno o varios grupos bloquean la renovación del CGPJ o el TC, es poco edificante e institucionalmente poco defendible”.