El diputado del PSOE Rafael Simancas ha utilizado un ejemplo poco acertado para cargar contra el llamado pin parental, la controvertida propuesta de Vox para que los padres puedan decidir si sus hijos participan en cualquier materia, charla, taller o actividad de la escuela que trate sobre la identidad de género, el feminismo y el colectivo LGTBI.
Simancas ha utilizado Twitter para cargar contra lo que llama "veto parental". Por un lado, afirma que no existe "censura, ni persecución, ni muro, ni hoguera que impida a las ideas de igualdad y libertad abrirse paso en la mente de niños y niñas". Por el otro, se pregunta "qué dirán PP-Vox cuando algún padre o madre catalanes arguyan el veto parental para que sus hijos eviten las clases en castellano o las enseñanzas sobre las gestas imperiales de Felipe II".
Twitter responde: "No hay clases en castellano"
Este ejemplo le ha valido numerosos comentarios, por desacertado. Entre ellos destaca el del diputado del Parlamento Europeo Jordi Cañas, quien le pide tranquilidad: "[En Cataluña] No hay clases en castellano y Felipe II aquí es una calle". También la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) le pregunta si nadie del PSC le ha contado que "en Cataluña no se puede estudiar en castellano".
El PP de Igualada, en la misma línea, la explica al diputado del PSOE que "en Cataluña la única clase que se da en castellano es la de castellano". Otros le comentan que el pin parental "no controla la materia lectiva", sino otro tipo de actividades escolares. Son solo algunos de los más de 2.500 comentarios que acumula en Twitter a raíz de este asunto.
Casi ningún colegio cumple
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dictó que el 25% de las clases en la comunidad autónoma tenían que impartirse en castellano. El Tribunal Supremo lo ratificó. Sin embargo, en datos del 2018 ello solo ocurre en una docena de centros públicos, ubicados en Castelldefels, Sant Cugat, Balaguer, Tarragona, Cunit, Salou, Sabadell, Vilanova i la Geltrú, Barcelona y Sant Fost de Campsentelles.
La exconsellera de Enseñanza Irene Rigau consideró que el Supremo "no tenía competencias para modificar ni instar un cambio del modelo educativo catalán aprobado por el Parlament" y afirmó que el 25% en castellano sólo se aplicaría en los casos en que las familias lo pidiesen.
El PSC y la inmersión
Por otra parte, el Tribunal Constitucional anuló los artículos de la Lomce que garantizaban el derecho de los padres a elegir la lengua en la que estudian sus hijos, entre ellos la compensación por los gastos de escolarización en un centro docente privado en el que el castellano sea utilizado como lengua vehicular, al no recibirla en un centro público.
En los últimos meses del 2019, el Parlament rechazó la inclusión del castellano como lengua vehicular en la educación con apoyo del PSC, aunque este partido contempla ahora la posibilidad de "flexibilizar" la inmersión lingüística. Con todo, el portavoz de los maestros catalanes, Ramon Font, ha expuesto recientemente su postura: "No daremos clase en castellano".