El Gobierno asume el discurso de Unidas Podemos y los comuns en el conflicto generado por los dirigentes del procés independentista catalán. Así se desprende de las palabras de María Jesús Montero, ministra portavoz y de Hacienda del nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez, quien ha abogado por desjudicializar este asunto a pesar de sus condenas y sus incumplimientos de la ley: "La política no se puede esconder detrás de las togas", ha manifestado.
En opinión de la nueva ministra, ello significa que las cuestiones que son motivo de conflicto o controversia política no se pueden recurrir ante tribunales para intentar que sean éstos quienes lo resuelvan: "Si me permiten el tono coloquial, la política no se puede esconder detrás de las togas", ha indicado. A su modo de ver, lo único que se logra con ello es complicar la resolución de conflictos, y hacer que el Poder Judicial se vea inmerso en cuestiones que tienen difícil encauzamiento a través de esa vía.
Recurso contradictorio
Sin embargo, y al ser preguntada si no ve contradictorio desjudicializar el asunto catalán al tiempo que se recurre a los tribunales el denominado PIN parental que ha pedido Vox en la Región de Murcia, la portavoz del Ejecutivo ha asegurado que "no se puede comparar" el conflicto de Cataluña con "una vulneración de la norma".
En este sentido, ha afirmado que la inclusión del PIN parental en la Educación va en contra de la Ley de Educación, de la Ley de Violencia de Género y en los Convenios Internacionales. No obstante, ha precisado que antes de proceder a recurrir a los tribunales, el Gobierno va a realizar un requerimiento al Gobierno de esta Comunidad Autónoma.
"Autodeterminación"
La respuesta de Montero se ha suscitado a partir de una pregunta que pretendía que el Gobierno aclarase si piensa impugnar o no la última resolución aprobada por el Parlament catalán el 26 de noviembre pasado que atribuía a esa Cámara la capacidad de reivindicar todas las veces que considerase necesario el derecho de autodeterminación, pese a que ese apartado en cuestión lo había anulado con carácter previo el Tribunal Constitucional.
Para poder impugnar ante el Tribunal Constitucional una resolución no vinculante de los Parlamentos autonómicos, el Gobierno tiene un plazo máximo de dos meses. Montero ha argumentado que no se ha tomado aún una decisión porque "hace falta completar el expediente administrativo", pero ha asegurado que el Ejecutivo "no va a permitir que ninguna administración se salte ninguna norma, se salte ninguna ley o la incumpla".
El Gobierno "velará" --ha insistido-- "primero a través de la petición o la demanda de que se retiren aquellas cuestiones que se considere que vulneran el ordenamiento jurídico y en caso de que ello no se produzca, recurriendo a diferentes procedimientos administrativos o judiciales".
"Planos distintos"
Fuentes del Gobierno han precisado a Europa Press que no se les va a pasar ningún plazo en relación con este asunto y la decisión de impugnar o no esa resolución se tomará basándose en criterios estrictamente jurídicos.
En cualquier caso, Montero ha querido situar la eventual impugnación de la resolución del Parlament y la decisión contra el PIN parental en "planos distintos", en tanto en cuanto el Gobierno entiende que en el primer caso el pronunciamiento de la Cámara autonómica, al no ser vinculante sino una toma de posición política, no tiene efecto directo sobre terceros, como sí ocurre en el caso del PIN parental.