Pocos esperaban que un órgano subordinado como la Junta Electoral Central (JEC) tomara las riendas del futuro político catalán. Y menos todavía que revocara una primera resolución, la de la Junta Provincial, en la que se rechazaba la inhabilitación exprés del presidente Quim Torra. Pero tras una reunión intensa que ha visualizado, tal como avanzó Crónica Global, la división existente entre sus miembros, la JEC ha ordenado al Parlament que retire la condición de diputado a Torra, lo que equivale a poner punto final a su mandato –las leyes catalanas obligan al presidente catalán a ser diputado--.

Ahora, todo el foco está en ERC, dado que el presidente de la Cámara catalana es el republicano Roger Torrent, quien debe decidir si tramita la orden de la Junta y ejecutarla –eso pasaría por la convocatoria de la Mesa del Parlament--, lo que implicaría celebrar una sesión de investidura para que el partido de Torra, Junts per Catalunya, designe a un nuevo candidato para ser votado.

Choque de legitimidades

Para las formaciones independentistas, se trata de un choque de legitimidades, similar al que precedió a las leyes de ruptura: la del Estado y la de las instituciones catalanas. De ahí que la presión sobre ERC también vaya dirigida al reciente acuerdo, avalado ayer por sus bases, para investir a Pedro Sánchez. Sin embargo, tanto el vicepresidente Pere Aragonès –que estaría llamado a sustituir a Torra provisionalmente a la espera de que designe a un nuevo presidente—como otros dirigentes de la formación republicana han decidido posicionarse al lado de Torra, hasta el punto de asegurar que el dictamen de la JEC es “un golpe de Estado”, según palabras de Gabriel Rufián.

La inmediata reacción de los republicanos, que difícilmente van a conjurar las críticas del independentismo más irredento, se ha producido en vísperas de que se celebre la sesión de investidura de Pedro Sánchez y un día después de que el Consell Nacional de la formación liderada por Oriol Junqueras diera su aval a una abstención decisiva para que el socialista sea designado presidente del Gobierno español.

El ninguneo de Torra a los jueces de la JEC

Dicho de otra manera, los republicanos deberán afrontar el difícil equilibrio que supone mantener esa lealtad demostrada al presidente Torra e implicarse, aunque sea desde la barrera, en una gobernabilidad que Torra y Carles Puigdemont identifican con un Estado opresor que produce resoluciones judiciales como la de la JEC.

"No permitiré ni aceptaré que un tribunal, y todavía menos una junta política, suplante la soberanía de los catalanes”, afirmó el president en su discurso de Año Nuevo, a modo de premonición de lo que hoy podría ocurrir, y en coherencia con las manifestaciones expresadas durante el juicio celebrado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que le condenó a 18 meses de inhabilitación por desobediencia al negarse a retirar símbolos independentistas. Ya entonces, Torra advirtió de que los magistrados de la Junta no estaban por encima de su cargo.

Recurso Contencioso ante el Supremo

La sentencia, que todavía no es firme porque esta recurrida ante el Tribunal Supremo, es la que ha dado origen a la aplicación de un artículo de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), de dudosa inconstitucionalidad. La JEC no puede pronunciarse sobre ese ajuste a la Carta Magna, pero sí la sala de lo Contencioso del Supremo cuando debata el recurso de Torra.