El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha abierto diligencias contra el consejero de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, y contra el sargento de los Mossos Lluís Escolà que hizo de escolta al expresidente autonómico Carles Puigdemont durante su fuga.
En la denuncia, presentada por Ciudadanos, se acusa al político de los delitos de prevaricación y malversación en relación al servicio de escoltas y protección al expresident fuera de España desde octubre de 2017.
El caso lo instruirá la magistrada Mercedes Armas, quien también fue la responsable del juicio contra Carles Puigdemont y catorce consejeros de la Generalitat por haber desviado 6,2 millones de euros para la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre. Asimismo, durante su instrucción ordenó el cierre de las webs que publicitaran de la consulta del 1-O.
Buch trató de justificar el servicio nombrando a Escolà como asesor, cargo de confianza de designación directa, otorgándole una retribución anual de 60.000 euros, cuando en realidad ejercía de escolta del expresidente en Bélgica. Asimismo el Tribunal Supremo procesó al mosso por el 1-O y lo declaró en rebeldía
Indicios de veracidad
El tribunal considera que hay "indicios suficientes de la veracidad" en los hechos relatados por la Fiscalía, quien abrió diligencias este 20 de marzo tras la denuncia presentada por el partido naranja. Con independencia de cómo se evolucione el caso, "se estima que se cumplen los requisitos de tipicidad y verosimilitud que fundamentan la admisión a trámite de la querella", indica el auto judicial.
La fiscalía apunta que el nombramiento de Escolà como asesor de sistema de seguridad constituye un acto de arbitrariedad, pese a que sea un cargo de confianza. El organismo público considera que el objetivo era procurar desde el Govern y ofrecer "un servicio de escolta permanente" a Puigdemont, a costa de las arcas públicas, cuando el expresidente se encontraba en situación de rebeldía.
Protección y sueldo
La Fiscalía relata que los informes presentados por Escolà como supuesto como asesor eran "una copia indisimulada" de un trabajo realizado con anterioridad en el mismo Departamento de Interior del Govern y publicado en el blog Notes de Seguretat. Dichos documentos resultaban de muy corta extensión, plagados de generalidades y sin conclusión alguna, dice Fiscalía, lo que no supondría de gran ayuda para mejorar la actividad de la consejería.
El fiscal también asegura que Escolà, una vez nombrado asesor fue visto realizando funciones de "protección, escolta y aseguramiento del procesado rebelde Carles Puigdemont" hasta en 11 ocasiones en el extranjero. Buch cesó al mosso de su cargo como asesor el 13 de marzo de 2019 por lo que según la Consellería se le pagó 52.712,26 euros. Esta suma, asegura la Fiscalía habría perjudicado al "erario público autonómico a resultas de la torticera conducta".