Las políticas de vivienda son, definitivamente, el talón de Aquiles de las administraciones catalanas. Los avances son lentos y, cuando los hay, los roces ideológicos salen a la luz. El acuerdo fiscal entre ERC y En Comú Podem, presentado como un gran avance de cara a la futura aprobación de los presupuestos de la Generalitat de 2020 –evitando así una tercera prórroga—contempla novedades sobre el impuesto de viviendas vacías. Este gravamen pone de manifiesto no solo las diferencias entre republicanos y Comuns, sino también entre los socios de Govern. Las discrepancias se hacen extensivas a otros aspectos sobre la fiscalidad de la vivienda.
Reducción de las bonificaciones
Así, uno de los puntos fuertes del acuerdo entre ambas formaciones es el impuesto sobre viviendas vacías, donde se reduce la bonificación de este gravamen, que solo se aplica a personas jurídicas, empresas o fondos de inversión, con la finalidad de incentivar la incorporación de los pisos vacíos al mercado de alquiler. Con esta medida se aumentaría en 3,5 millones de euros la recaudación del impuesto, casi un 35%.
Sin embargo, el debate parlamentario ha demostrado hasta qué punto las posiciones sobre ese impuesto y otros aspectos relacionados con la política de vivienda son dispares. Ocurrió en el último Pleno de la Cámara catalana, días después de que se anunciara esa “histórica” reforma fiscal, cuando se sometió a votación una moción, defendida por el diputado de Ciudadanos, Sergio Sanz, sobre vivienda.
Sergio Sanz, diputado de Ciudadanos y promotor de una iniciativa para aumentar el parque público de viviendas social / CG
Uno de los puntos proponía encargar a Iválua (Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques) un estudio sobre el Impuesto de Viviendas Vacías para comprobar su efectividad en la reducción del stock de viviendas vacías y la potenciación del alquiler social. “De esta forma, se podría valorar la posibilidad de revisar el impuesto para hacerlo más efectivo en la consecución de su objetivo social”, sugería el texto de Cs. Este punto fue aprobado, pero con los votos a favor de Junts y Comuns, y el voto contrario de ERC.
Deducciones en el IRPF
Las diferencias entre el Govern y Catalunya en Comú-Podem también se dejaron notar en los incentivos en el alquiler asequible de viviendas que defienden Cs. Los Comuns apoyaron incentivar los contratos de alquiler de viviendas por una renta mensual inferior al 90% del precio establecido en el índice de Precios de Alquiler publicado por la Agencia de la Vivienda de Cataluña (AVC) mediante deducciones en la cuota íntegra autonómica del IRPF, pero JxCAT y ERC votaron en contra. La medida no prosperó.
Por el contrario, los Comuns rechazaron que los ayuntamientos puedan bonificar el 95% de la cuota del IBI para aquellas viviendas que sean arrendadas en régimen de alquiler asequible y sean concedidas temporalmente a fondos sociales de vivienda para su alquiler social a través de la AVC. Junts y ERC votaron a favor y la propuesta fue aprobada.
La anécdota de esa sesión estuvo protagonizada por la CUP, que confesó haberse equivocado al votar en contra de dar cumplimiento al incremento del presupuesto destinado a políticas de vivienda de la Generalitat para alcanzar los 1.000 millones durante los próximos 10 años, tal como aprobó el Pleno del Parlament el 11 de julio de 2019. Este punto propuesto por Cs fue rechazado.