Cuatro asociaciones profesionales de fiscalistas y abogados advierten de que el aumento de la presión fiscal que contempla el reciente pacto suscrito entre el Govern y En Comú Podem puede provocar una "deslocalización de personas y empresas ", con la consiguiente "pérdida de puestos de trabajo y de riqueza".

El comunicado está firmado por el delegado de AEDAF (Asociación Española de Asesores Fiscales) en Cataluña, Jordi Baqués; el presidente de la Comisión del Colegio de Economistas de Cataluña, Nacho Cornet; el presidente de la Sección de Derecho Fiscal y Financiero del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Albert Folguera, y el presidente de APTTCB (Asociación Profesional de Técnicos Tributarios de Cataluña y Baleares).

Ante la posibilidad de que se apruebe un nuevo incremento de impuestos por parte del de la Generalitat, especialmente en cuanto al IRPF y al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, las entidades advierten de que "Cataluña tiene una imagen atractiva ante la inversión extranjera y que con las medidas tributarías adecuadas, sería destinataria de una mayor inversión generadora de nuevos puestos de trabajo. Por el contrario, el incremento de la presión fiscal aplicable a las empresas y a sus empleados resulta contraproducente y nos resta competitividad respecto a otros territorios".

Afirman que "el incremento impositivo previsto por el Gobierno de la Generalitat viene a aumentar todavía más la presión impositiva que todos los ciudadanos de Cataluña tenemos que soportar y agranda todavía más, la ya importante diferencia con respecto a territorios de más baja tributación, como puede ser la comunidad de Madrid u otros países europeos". Avisan de que ese aumento impositivo "fomentará todavía más la posible deslocalización de personas y empresas hacia estos otros territorios, produciendo un efecto perjudicial para el país de pérdida de puestos de trabajo y de riqueza. Tenemos que señalar que las empresas se localizan dónde radica su dirección efectiva y la presión impositiva sobre los directivos, también puede arrastrar a sus empresas".

La comparación entre Madrid y Cataluña

A modo de ejemplo, explican que un empleado residente en Cataluña que obtenga una renta superior a 90.000 euros tributará en su IRPF, con el incremento previsto, a un tipo impositivo marginal del 46% por la suma de la tarifa estatal (22.5%) y la autonómica (23.5%), mientras que en Madrid, tributaría un 43,5% (22.5% más 21%).

Pero además "en Cataluña este empleado se verá obligado a pagar el llamado 'Impuesto sobre el Patrimonio', si acumula bienes y derechos por un valor no exento de más de 500.000 euros, un impuesto que en Madrid no pagaría. Y a este agravio comparativo hay que añadir además, que si este empleado se muriera siendo residente en Cataluña dejando como herederos a sus hijos, estos estarán obligados a pagar un impuesto por la herencia, que en Madrid y en otros países europeos tampoco pagarían". Denuncian que "este impuesto de herencia también se pretende incrementar todavía más".

Por lo tanto "más allá de cuestiones políticas, la fiscalidad es uno de los factores principales que puede generar la deslocalización hacia otros territorios y es causante directo de una decisión empresarial que bien puede generar la inversión en un territorio atractivo como es Cataluña y la creación de los consecuentes puestos de trabajo o, por el contrario, la pérdida de estas inversiones y un grave perjuicio para nuestra sociedad".

Los colectivos firmantes, "conocedores de la realidad económica, defendemos que hay que tener en cuenta la fiscalidad como un elemento esencial para que un territorio sea competitivo a la hora de crear empresas y generar puestos de trabajo y que hay que evitar seguir agrandando todavía más, estos diferenciales impositivos que solo favorecen a otros territorios y no a Cataluña".