La consejera de Economía, Àngels Chacón, saca la cabeza cada vez que puede, cuando el independentismo irredento reclama una polarización de la sociedad catalana. Con la necesidad de defender los intereses empresariales, y la convicción de que se debe hallar una vía pragmática, Chacón ha pedido a los catalanes que digan qué están dispuestos a pagar para lograr la independencia. Es decir, que asuman los costes que puede tener, para no engañar a nadie.

Su inquietud llega cuando el propio presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha mostrado sus simpatías por un sociólogo norteamericano, Paul Engler, que recomienda a los catalanes esa polarización. “La pregunta que se debe formular a la población es el precio, fijarlo, y preguntar si estamos dispuestos a pagarlo”, en referencia a los costes, de todo tipo, que tendría una apuesta por la independencia con todas las consecuencias.

En contra de la polarización

La consejera tiene claro, no obstante, que el Gobierno del Estado no facilitará esos planes. Y, por ello, entiende que “es obvio que el Estado no está dejando margen para actuar tal y como correspondería. Deberemos hacernos esa dos preguntas, pero en la polarización radical no estoy de acuerdo”.

Imágenes de Quim Torra durante su mandato al frente de la Generalitat de Cataluña

Entonces, ¿qué debe hacer el independentismo en un momento de estancamiento y de bloqueo estratégico? A juicio de la titular de Empresa, se debe encontrar un punto de equilibrio “entre la preservación de la economía productiva con la denuncia de la vulneración de derechos y libertades fundamentales”.

Frustración

Lo que ocurre es que el independentismo se desgaja, producto de la “frustración” por no haber conseguido los objetivos tras el referéndum de autodeterminación del 1-O.

Y en ese lapso, con otra parte de la sociedad catalana que reclama el fin de esa tensión, y que se muestra contraria a la independencia, Chacón pide una reflexión: “La sociedad nos pide, y ¿ahora qué? Esta pregunta la deberemos responder con claridad y sin ambigüedades”, con la convicción de que la “presión judicial” que a su juicio ejerce el Gobierno “está fuera de toda lógica”.