El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, vuelve a la carga contra la Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra, en esta ocasión con motivo de la respuesta de estos cuerpos de seguridad a los disturbios generados en Barcelona y otras ciudades de Cataluña tras la sentencia del procés a mediados de octubre.

Según el defensor del pueblo autonómico, hubo un "evidente uso excesivo y desproporcionado de la fuerza" durante las protestas de los manifestantes violentos, especialmente "en la dispersión, contención y detención" de estos por parte de agentes de la Policía Nacional y los Mossos.

"Investigación rigurosa e imparcial"

Así lo recoge el informe Derecho de manifestación y papel de los cuerpos policiales en las movilizaciones posteriores a la Sentencia 459/2019 que Ribó ha presentado este viernes en el Parlament.

Durante la rueda de prensa posterior, el Síndic ha tildado de "inaceptable el uso de armamento antidisturbios muy lesivo", haciendo hincapié en las pelotas de goma y la técnica de dispersión con furgonetas conocida como carrusel. Y ha exigido que se inicie una "investigación rigurosa e imparcial".

"Actuaciones desproporcionadas"

El dirigente nacionalista ha asegurado que  las "actuaciones desproporcionadas" se dieron por parte de ambos cuerpos policiales --Mossos y Policía Nacional-- y ha denunciado que se produjeron "golpes de porra a discreción", "pisoteos en la cabeza" de personas que estaban siendo detenidas y "agresiones verbales y vejaciones" en comisaría. También hubo "escopeteros no identificados".

Además, ha insistido en que se debería haber reconsiderado el uso de balas de goma ya que el dispositivo estaba bajo coordinación de los Mossos, a quienes se retiró este armamento por acuerdo del Parlament.

Los violentos, "minoritarios"

Ribó ha admitido que la presencia de un "número minoritario" de manifestantes "con actitud hostil y a veces extremadamente violentos" --que podían ser "profesionales del altercado"-- "necesariamente habían de comportar una reacción de las fuerzas de seguridad".

Sin embargo, ha subrayado que eso no sirve para justificar todos los disturbios ya que, en su opinión, la mayoría de manifestaciones transcurrieron "en un clima pacífico y tranquilo".

Pide sancionar a los agentes

El Síndic ha asegurado que el relato de los detenidos revela "un trato más agresivo, inadecuado e intimidatorio" por parte de los agentes de la Policía Nacional, especialmente durante los traslados a comisaría, en los que se han producido "vejaciones", "insultos" y "humillaciones". 

Por eso, a pesar de defender "sanciones" ante las "posibles infracciones" cometidas por agentes, ha pedido también "no confundir la exigencia de una investigación minuciosa, rigurosa e imparcial con la criminalización de cuerpos policiales y brigadas especiales en misiones de orden público".

Críticas a Grande-Marlaska

Según Ribó, durante los arrestos no siempre se respetó la lectura de derechos a los detenidos ni la asistencia médica con garantías ya que, a menudo, se hizo con las esposas puestas. En algunas ocasiones, ha denunciado el defensor del pueblo autonómico, se violaron derechos al no proporcionar asistencia letrada en las tres horas posteriores a la detención o con la presencia de agentes policiales con el rostro tapado en las vistillas, una práctica que ha tachado de "completamente irregular".

El Síndic ha llegado a estas conclusiones tras entrevistarse con los detenidos en los disturbios y a partir de la información proporcionada por el Ministerio del Interior, los departamentos de Interior y de Salud de la Generalitat, la Síndica Municipal de Sabadell (Barcelona) y a través de los vídeos de las protestas en redes sociales y medios de comunicación. En ese sentido, ha lamentado que el ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska todavía no le haya remitido la documentación solicitada sobre el armamento utilizado en las protestas o la identificación de los grupos organizados que supuestamente habrían provocado incidentes.

Ariete del 'procés'

En los últimos años, Ribó ha actuado en todo momento como un activo valedor del procés. Tras conocerse la sentencia que condenó por sedición a los cabecillas del intento de secesión unilateral, el Síndic se apresuró a calificarla de "desproporcionada", exigir su puesta en libertad y anunciar que llevaría el caso a instancias internacionales.

Anteriormente arremetió contra la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña --tildándola de "inconstitucional"--; elaboró un informe en el que acusaba al Estado de generar "regresiones en derechos y libertades en Cataluña" por tratar de impedir el procés; cargó contra la fiscalía por iniciar actuaciones penales contra los promotores del referéndum; tildó de ataque a los derechos humanos las multas del TC a los miembros de la ilegalizada Sindicatura Electoral del referéndum; acusó al Estado de haber vulnerado “derechos fundamentales” en sus actuaciones contra el referéndum ilegal del 1-O; defendió la exhibición de lazos amarillos en las fachadas y el interior de los edificios públicos; pidió al Consejo de Europa que enviase "observadores" al juicio del procés, e incluso se atrevió a recabar la firma del expresidente de la Generalitat Pasqual Maragall --enfermo de Alzheimer-- para un manifiesto que exigía la libertad de los encausados por el procés que estaban en prisión preventiva --a los que calificó de "presos políticos"--.