El Estado reembolsará más de 1,6 millones de euros a las familias que, queriendo que sus hijos cursasen estudios en castellano en Cataluña y la Comunidad Valenciana y ante la falta de oferta pública y concertada en estas regiones, optaron por matricularlos en escuelas privadas que sí enseñan en la lengua común. Percibirán los pagos aquellos padres y tutores que se acogieron a esta ley antes de que el Tribunal Constitucional la suspendiera.
En concreto, el Gobierno abonará 1.671.648 euros, aunque la mitad (861.537 euros) ya los ha pagado a las familias de 172 alumnos (167 de Cataluña y 5 de la Comunidad Valenciana) que siguieron tres cursos escolares (2014-17) en centros privados. El resto pendiente (810.111 euros) corresponde a 171 estudiantes de Cataluña que tuvieron que hacer lo mismo el curso pasado. El Ejecutivo lo hará tras aprobar dos acuerdos en el Consejo de Ministros del 15 de noviembre del 2019.
El recurso del Govern
En la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), de diciembre de 2013, se introdujo una disposición que regulaba un procedimiento por el que las familias a cuyos hijos les correspondiese escolarizarse en una comunidad autónoma con lengua cooficial podían obtener la compensación de los gastos de escolarización en centros privados no concertados donde se recibiese enseñanza en castellano.
Sin embargo, el Gobierno de la Generalitat recurrió esta ley y el Constitucional declaró nulo dicho procedimiento en la sentencia 14/2018 de 20 de febrero y 30/2018 de 22 de marzo de 2018.