Clara Ponsatí, la exconsejera de Educación de la Generalitat, se ha entregado a la policía de Edimburgo (Escocia), donde se encuentra huida la justicia española desde 2017. La decisión de Ponsatí se deriva de la reactivación de la euroorden que pesa sobre ella --acusada de un delito de sedición--. Su abogado, Aamer Anwar, ha abierto un crowdfunding para recaudar cerca de 117.000 euros y pagar, con ellos, la defensa de la política.
La orden europea de detención y entrega fue pedida, por segunda vez, el 5 de noviembre por el juez de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, después de que la Fiscalía realizara la petición y una vez conocida la sentencia judicial contra los líderes del procés detenidos tras el 1-O. La Agencia Nacional Contra la Delincuencia de Reino Unido aceptó la tramitación poco después, lo que ha llevado a la exconsejera a entregarse, finalmente.
Anwar denuncia una "persecución política"
La defensa de Ponsatí, que se ha personado con ella ante el cuerpo policial escocés --donde, ha sido detenida y transferida al Tribunal del Sheriff de Edimburgo--, ha cargado contra la justicia española y se ha referido a la decisión de Llarena como un acto con tintes políticos. "España utiliza la euroorden como mecanismo de persecución política", ha declarado antes de agregar que "más de dos millones de votantes catalanes creen que esta orden es un intento sistemático de criminalizar la lucha por la independencia".
Anwar ya avanzó que la acusada rechaza el cargo de sedición por su participación en la organización del referéndum ilegal que llevó a la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) y por la que otros políticos independentistas han sido condenados a diversas multas, inhabilitaciones y penas de hasta 13 años de cárcel. Por ello, en la audiencia judicial ante la autoridad escocesa, su equipo legal solicitará la libertad bajo fianza de Ponsatí.
'Crowdfunding' por la extradición
Para hacer frente al coste económico de la defensa de la extitular de Enseñanza ante una eventual extradición, el letrado ha abierto y difundido por las redes sociales un proyecto de micromecenazgo. El límite monetario que se marcan es de 100.000 libras (unos 116.800 euros, al cambio), para "luchar contra el abuso de poder" del Estado, tal como se explica en la web del crowdfunding.
Crowdfunding para defender a Clara Ponsatí ante su posible extradición
La explicación sobre a qué se destinará lo recaudado es, sin embargo, algo difusa. Avisan a los interesados que "es dificil hacer una estimación del coste" de una defensa judicial contra los "ilimitados" recursos de España y aseguran que el caso "requiere una gran preparación e investigación". Se detalla que, en este sentido, se necesitarán "transcripciones de los meses de juicio de los nueve políticos catalanes" condenados por el Tribunal Supremo, así como "traducciones juradas, instruir a expertos legales independientes [...] para redactar informes" y también habla de viajes a Escocia "como testigos".
Reino Unido 'se lía' con las acusaciones
La reactivación de la euroorden contra Ponsatí no ha estado exenta de debate. Tras ser comunicada a las autoridades del Reino Unido, la Agencia Nacional contra la Delincuencia del país revisó el texto y declaró que rechazaría la tramitación por ser "desproporcionada" según su legislación. Así fue comunicado a la Unidad Oficina Sirene (cooperación policial europea) dependiente del Ministerio del Interior aunque, menos de 24 horas después, reconoció que el uso de esta palabra había sido un "error".
El departamento contra la delincuencia británico rectificó sus palabras y aseguró que el rechazo a la orden europea se basaba en la falta de "información esencial" en la explicación de Llarena. El servicio británico pidió, con carácter urgente, la remisión de más detalles sobre el presunto delito cometido por Ponsatí, que se le hizo llegar con gran celeridad y, finalmente, aceptó tramitar la euroorden.