Llarena emite euroordenes contra Ponsatí, Puig y Comín

El juez Pablo Llarena ha emitido nuevas órdenes europeas de detención y entrega contra Clara Ponsatí, Lluís Puig y Toni Comín. La Fiscalía solicitó esta medida la semana pasada para la exconsejera de Enseñanza, y también para el de Salud, Toni Comín y el de Cultura, Lluís Puig.

El magistrado del Tribunal Supremo pide la extradición de la exmiembro del Govern de Carles Puigdemont por los delitos de sedición y malversación. Según ha avanzado su letrado a la BBC, asumen que se a Ponsatí se le retirará el pasaporte. Una decisión que llega cinco días después de que Javier Zaragoza y Fidel Cadena pidieran formalmente al juez que dictara euroórdenes contra los huídos. 

Malversación y sedición 

La orden contra Ponsatí y Comín es por sedición y malversación de dinero público, delitos penados con entre 10 y 15 años de cárcel. Mientras que, en el caso del exconsejero Puig, la Fiscalía demandó la orden de detención solo por el delito de malversación. 

El abogado Gonzalo Boye ha avanzado este martes que los tres se entregarán de manera voluntaria a la justicia, igual que hizo el prófugo Puigdemont, tras conocer la reactivación de las órdenes de detención dictadas conta ellos por la justicia española en relación con la causa del procés. 

Entregas

Eso sí, no concretan la fecha en la que se producirán las entregas. Las órdenes internacionales se han activado antes de que el instructor de la causa haya notificado los autos de reactivación de las mismas, que se ha producido pasadas las 13:00 horas de este martes. 

En un auto de 59 páginas, el juez Llarena hace un relato de hechos a partir de las diligencias practicadas hasta la fecha en la causa del procés, y considera plenamente justificada la petición realizada por la Fiscalía el pasado 31 de octubre para activar las euroórdenes contra los tres exconsellers citados, una vez que se ha dictado la sentencia en relación a otros 12 procesados por el mismo caso. Así, recuerda que los tres citados se encuentran en situación de rebeldía desde julio de 2018. 

"Indicios de criminalidad"

El magistrado apunta que el fallo contra los líderes del 1-O no es extrapolable a los procesados en rebeldía, quienes no han sido juzgados, y que se enfrentan a los hechos que ofrece la investigación, aunque “no puede sino concluirse que la sentencia reafirma la conclusión del auto de procesamiento de que los procesados perpetraron una serie de actuaciones que, sin seguridad pero con firmeza, presentan indicios racionales de criminalidad”.

Así, el documento recoge como delito de malversación los gastos generados por la celebración del referéndum ilegal, "aún cuando su importe no hubiera satisfecho; no siéndolo, sin embargo, la cesión de locales para la celebración de la votación por el supuesto valor de uso de estos inmuebles". 

Malveración de Comin y Puig

En relación a los indicios del delito de malversación contra Comin y Puig, se indica que bajo el control de la acción de gobierno por parte de Presidencia y la Consejería de Economía y Hacienda, se abordaron gastos de la realización de la votación, entre los que destaca la distribución de 56.000 cartas certificadas con nombramiento de cargos para las mesas electorales y 5.346.734 sobres ordinarios con tarjetas censales, que abordó la empresa Unipost SA, con quien medió un acuerdo marco para la distribución postal que permitía la elusión de licitaciones posteriores.

“Una encomienda de 979.661,96 euros de importe, cuyo pago se disimuló y fraccionó, atribuyéndose a la Consejería de Cultura, regida por Lluís Puig i Gordi, la cantidad de 238.003,35 euros, y a la Consejería de Salud, regida por Antonio Comín i Oliveres, la cantidad de 233.180,55 euros”, señala el auto.