El Parlament ha aprobado la autodeterminación en quince ocasiones

La Fiscalía General del Estado acaba de ordenar que se abra una investigación sobre las iniciativas votadas y aprobadas en el Parlament en las que se defiende el derecho a la autodeterminación. Para el Tribunal Constitucional (TC), se trata de resoluciones que incumplen la ley. Para sus impulsores, es libertad de expresión. Lo cierto es que el procés ha puesto el foco en la actividad de la Cámara catalana, donde la aprobación de las leyes de ruptura los días 6 y 7 de septiembre de 2017, así como la declaración unilateral de independencia (DUI), culminaron en el juicio y encarcelamiento de los dirigentes independentistas.

Pero los anales parlamentarios demuestran que la aprobación de resoluciones y mociones sobre la autodeterminación se remonta a 30 años atrás. Y que no han sido pocas las iniciativas que, en este sentido, fueron aprobadas sin que fueran impugnadas ante los tribunales. “En aquella época, nadie llevó esas resoluciones y mociones ante el TC, porque todo el mundo entendía, incluido el Alto Tribunal, que las iniciativas solo tenían efectos políticos, pero no jurídicos”, explican a Crónica Global fuentes parlamentarias.

En efecto, según las estadísticas de la Cámara catalana, desde 1989 se han aprobado 15 iniciativas a favor del derecho a la autodeterminación (nueve resoluciones y seis mociones), de las cuales sólo fueron impugnadas cuatro (tres resoluciones y una moción).

Hasta 2016, nadie se planteó recurrir esos documentos ante los tribunales. Así, en la III legislatura, ERC presentó una proposición no de ley sobre el derecho a la autodeterminación aprobada el 12 de diciembre de 1989. “El acatamiento del marco institucional vigente, resultado del proceso de transición política desde la dictadura a la democracia, no significa la renuncia del pueblo catalán al derecho a la autodeterminación, tal como establecen los organismos internacionales y se deduce del preámbulo del Estatuto de Autonomía de 1979”, rezaba la propuesta republicana.

Nueve años después, ya en la V legislatura y en el transcurso del Debate de Política General, el Pleno aprobó una resolución similar. En enero de 2010, el Parlament vuelve a defender ese derecho en la VIII legislatura.

Tras la consulta del 9N

En el siguiente mandato parlamentario, se llegaron a aprobar hasta tres iniciativas --dos resoluciones y una moción-- en el mismo sentido. Es en la XI legislatura cuando el Gobierno decide impugnar ante el TC una resolución aprobada en octubre de 2016 durante el Debate de Política General. Cataluña estaba inmersa ya en pleno proceso independentista, ya se había celebrado la consulta del 9N de 2015, y la Justicia había extremado su control de las decisiones parlamentarias. Uno de los organismos de defensa de los acusados --Artur Mas, Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega-- es que no habían sido suficientemente informados por el TC del riesgo penal de sus actuaciones.

A partir de ahí, aumentan las impugnaciones, aunque también son aprobadas iniciativas que después no fueron recurridas ante el TC.