Los secretos del CNI catalán que citan los CDR detenidos

Los miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR), detenidos y encarcelados por presuntas actividades terroristas, han mencionado en sus declaraciones el apoyo del CNI catalán. ¿Un alias o un servicio de inteligencia real?

Disponer de una unidad de espionaje catalana es una antigua aspiración del independentismo catalán, pero a lo largo de este procés que se remonta a 2012, la Generalitat niega haber sentado las bases de ese CNI propio, bien negando informes que así lo contemplaban, bien cambiando la nomenclatura del mismo o incluso destruyendo documentación en una incineradora en la que se demostraba la existencia del mismo.

De Cesicat a Agencia de Ciberseguridad

Leyenda urbana o no, el último episodio de esa secreta historia del espionaje procesista está relacionado con la conversión del antiguo Cesicat (Centro de Seguridad de la Información de Cataluña) en la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña. Así lo decidió la semana pasada el Consell Executiu, que aprobó los estatutos de un organismo que el Tribunal Constitucional considera ilegal, pues vulnera competencias estatales, y que el Gobierno en funciones amenazó con suspender en base a un nuevo decreto que le permite intervenir redes y servicios de comunicación por motivos de orden público. En realidad, esta medida va dirigida a la “república digital” anunciada por el consejero catalán de Políticas Digitales, Jordi Puigneró. De su departamento dependía Cesicat, cuyo director, Oriol Torruella, acaba de ser nombrado director de la citada Agencia.

El informe apócrifo de 2013

A Cesicat se atribuye el informe de 39 páginas supuestamente que, en 2013, cimentaba la "Agencia Nacional de Seguridad" de la futura Cataluña independiente. El entonces presidente Artur Mas, entregado ya a la causa secesionista, aseguró desconocer la autoría del mismo, aunque posteriormente se supo que se había encargado a una empresa de Madrid y que había costado casi 22.000 euros.

El informe llevaba el sello de la Generalitat, así como el logotipo de Cesicat, y contemplaba la incorporación de 300 mossos. La Agencia, indicaba el informe, estrecharía lazos con el servicio de inteligencia israelí "para conocer la organización de su agencia de Ciberseguridad. La Ertzaintza tiene buenos contactos con empresas y el mundo gubernamental israelí". También preveía contactos con el "Massachussets Advanced Ciber Security Center con el objetivo de conocer su funcionamiento, organización y actividades y plantear un posible marco de colaboración".

Cesicat fue denunciado por el PSC ante la Fiscalía por el seguimiento a activistas sociales y ciudadanos en las redes sociales, así como el uso de un «programa espía» en móviles de escoltas de los Mossos d’Esquadra. El entonces consejero de Empresa, Felip Puig –Cesicat dependía entonces de este departamento—confesó que se habían hecho este tipo de seguimientos. En concreto, este centro elaboró 50 informes de activistas y movimientos, basados en la red social Twitter, aunque precisó que siempre se hizo en base a “fuentes abiertas” y por petición de los Mossos.

Estructura de Estado

Aunque nacida en 2009 para controlar la seguridad de las telecomunicaciones catalanas, informes judiciales aseguraban que sus funciones reales se destaparon en 2012, cuando se convirtió en “una especie de Agencia de Seguridad Nacional”, entendida como una de las estructuras básicas para el funcionamiento de Cataluña como Estado independiente.

De ahí que la Generalitat empezase a destinar personal, material y partidas económicas para que en 2016 pasara a formar parte de la Consejería de Presidencia y asumiera funciones “que legalmente no le estaban asignadas al pertenecer al Estado español”.

Documentación salvada de la incineradora

Pero fue en el marco de las investigaciones sobre el referéndum de 1-O cuando realmente salieron a la luz, no solo las actividades de la CIA catalana, sino también el intento de destruir las pruebas de su existencia. La Guardia Civil descubrió entre la documentación que los Mossos d’Esquadra intentaron destruir en la incineradora de Sant Andreu de Besós.

“Se evidencia un auténtico departamento de ‘espionaje ilegal’ por parte de los responsables de los Mossos d’Esquadra y de los políticos de la Generalitat a través de Cesicat, donde se constata el diseño y realización de lo que debía ser el embrión del CNI catalán o como algunos han denominado Departamento de Seguridad Nacional Catalana”, explica un informe de la Guardia Civil, al que tuvo acceso Crónica Global.

“La Generalitat de Cataluña, a través del cuerpo de Mossos, y más concretamente a través de la Comisaría General de Información de la policía autonómica, ha llevado a cabo y dado continuidad a un ‘servicio ilegal de espionaje’, alcanzando como objetivos a partidos políticos, activistas, personajes públicos o privados, entidades y plataformas perfectamente constituidas, todos ellos de marcado perfil ‘unionista’ o ‘constitucionalista’ a los que, como todo parece indicar, la Generalitat quería tener perfectamente controlados”.

El ideólogo Sellarès

En otra caja salvada de esa incineradora, se halló otro documento titulado CNI catalán, se alude a los contactos de esta unidad con la citada Comisaría de Información y se hace referencia a Miquel Sellarès, exdirector general de Seguridad Ciudadana de la Generalitat y actual director del Centro de Estudios Estratégicos de Cataluña, así como a la UCRO (Unidad Central de Recursos Operativos) y al término Airsoft, actividad lúdico-deportiva de estrategia basada en la simulación militar.

Cesicat se reconvierte ahora en la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, que contaría con un presupuesto de 14 millones de euros (siempre que se aprueben las nuevas cuentas del Govern), el doble de lo destinado hasta ahora a ese controvertido centro, mencionado por los CDR. Puigneró, el consejero encargado de anunciar la aprobación de los estatutos, no aclaró si los Mossos se implicarán en el proyecto, así como las consecuencias de que el TC impugara varios artículos de la ley de creación de esa Agencia.