El Gobierno asumirá la defensa de los policías y guardias civiles atacados en Cataluña

El Gobierno encomienda a la Abogacía del Estado la defensa de los cuerpos y fuerzas de seguridad en los procedimientos que se siga contra ellos por actos relacionados con el ejercicio de sus funciones, una medida que llega tras los disturbios en Cataluña, en los que cientos de policías y guardias civiles sufrieron agresiones y han sido objeto de "denuncias falsas".

Policía herido durante los disturbios / CG

La defensa judicial no incluye a los agentes de los Mossos d'Esquadra, dado que el Gobierno "no puede invadir competencias que no tiene" para ofrecer esta protección en una policía autonómica, según ha dicho la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, tras el Consejo de Ministros.

Asistencia jurídica

En concreto, los policías nacionales y guardias civiles contarán con asistencia jurídica por parte de la Abogacía General del Estado en los casos en los que hayan sufrido "agresiones físicas, amenazas o acusaciones de denuncias falsas". "El Gobierno decide la protección de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad", ha expresado Calvo.

En su intervención, ha añadido que la Abogacía del Estado "también se va personar en nombre de la Administración en cualquier procedimiento penal cuando se hayan producido daños o perjuicios a los bienes del Estado".

La visita del rey

Preguntada sobre el refuerzo policial en Cataluña por la visita del rey y las movilizaciones convocadas en la comunidad en la jornada de reflexión previa al 10N, ha dicho que los dispositivos serán los habituales en estos casos.

Ha recordado además que se están produciendo los relevos normales en el despliegue policial que se realizó tras la sentencia del procés.

La Mesa del Parlament, ¿desobediencia?

Por otra parte, la vicepresidenta ha declarado que la Mesa del Parlament ha podido desobedecer la advertencia del Tribunal Constitucional (TC) de que no debata sobre el derecho de autodeterminación ni sobre la Monarquía, por lo que ha reclamado al tribunal que se dirija a la Fiscalía para que investigue si se han cometido delitos.

Lo hace después de que la Mesa admitiera a trámite una propuesta de JxCat, ERC y la CUP que pedía la reconsideración de estos asuntos después del apercibimiento del propio TC. Una petición que "traspasa los límites de la legalidad y de la competencia que un parlamento autonómico pueda tener para semejante materia".

Carmen Calvo durante la rueda de prensa / EUROPA PRESS

El Parlament debatió sobre la sentencia del 1-O

El Gobierno ha pedido también un informe urgente al Consejo de Estado para impugnar el debate en el Parlament sobre la sentencia del Tribunal Supremo que condena a los políticos juzgados por el procés.

"No corresponde en el respeto a la separación de poderes que ningún parlamento debata una sentencia de los tribunales", ha dicho Calvo, que ha dejado claro que el Gobierno acudirá al Tribunal Constitucional contra este debate aunque el Consejo de Estado no lo comparta (sus informes no son vinculantes para el Consejo de Ministros).

Adiós a la república digital catalana

Calvo también ha confirmado el decreto que evitará una eventual Cataluña independiente virtual, y que el Govern se ha apresurado en calificar de "golpe de Estado".

Finalmente, otra cuestión que también afecta a Cataluña es el sellado definitivo de los almacenes de gas Castor, ubicados frente a Castellón y Tarragona y que quedarán inutilizados en un plazo de seis meses.