El historial de enfrentamientos entre la División de Asuntos Internos (DAI) de los Mossos d’Esquadra, que acaba de asumir la “investigación más grande que se ha hecho nunca”, y los agentes de la Policía de la Generalitat se remonta a muchos años atrás. Tal como publicaba ayer Crónica Global, el consejero de Interior, Miquel Buch, ha encargado a esta unidad la auditoría sobre las cargas policiales contra los radicales independentistas tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre el referéndum del 1-O. Al frente de la misma está Jaume García Valls, ascendido a comisario hace varios meses por el propio Buch y que depende del nuevo director general de los Mossos, Pere Ferrer.
Imágenes de Buch opinando sobre los Mossos / CG
García Valls se ha visto en los tribunales en varias ocasiones con sindicatos policiales que habían impugnado sus sanciones. Sus predecesores también se vieron en esa situación, lo que constata el historial oscuro de esa División.
Xavier Pomés, al frente de Gobernación
Corría el año 1998 cuando el entonces consejero de Gobernación, Xavier Pomés, era el máximo responsable de los Mossos d’Esquadra. Ya entonces, las sanciones de la DAI generaban controversia entre los agentes, que la comparaban con la Gestapo, la policía política nazi. En su defensa, los agentes alegaban que ese término utilizado era en realidad un acrónimo de Grupo de Estrategias Antipomés.
Más allá de la anécdota, lo cierto es que, en 2003, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dictó una sentencia en la que anulaba la sanción impuesta a un mosso por llamar Gestapo a la DAI.
Los hechos se remontan al 8 de mayo de 1998, cuando la Consejería de Gobernación impuso a un mosso una sanción de dos meses de suspensión de funciones con pérdida de las retribuciones correspondientes, por la comisión de una falta grave, consistente en la falta de respeto o consideración grave y manifiesta hacia los superiores, los compañeros, los subordinados o los ciudadanos. La sanción se debió al artículo publicado por el agente en la revista La Alternativa en abril de 1997, editada por el Sindicato Autónomo de Policía (SAP), en el que el mosso se refería a la DAI como Gestapo.
Alud de expedientes sancionadores
“A medida que la Gestapo se ponía en funcionamiento, hemos comenzado a sufrir un alud de expedientes sancionadores, cosa que ha provocado que los gastos por las suspensiones de sueldo, a final de este año, hayan incidido en la cuenta de resultados, aunque la suma total de estas sanciones está por debajo de los que nos debería costar una compañía de seguros”, escribió.
El mosso recurrió la sanción ante el TSJC, que le dio la razón parcialmente al considerar que los hechos no eran susceptibles de una falta grave y al no apreciar "una especial intencionalidad”, como exige esa tipificación sancionadora en la Ley de la Policía de la Generalitat, por lo que la anuló parcialmente.
Años después, sería el propio García Valls quien sufriría reveses ante la Justicia, que llegó a reprocharle la utilización del artículo 69 de la Ley de Policía como un “cajón de sastre” para sancionar a los agentes. Más recientemente, el juez archivó la sanción que la Dirección General de la Policía impuso a la cabo Inma Alcolea después de 33 meses de vía crucis administrativo y judicial, y aseguró que las opiniones de la agente sobre la deriva independentista de los mandos del cuerpo suponen “una crítica legítima”. Curiosamente, Alcolea había llamado Genestapo a los miembros de la cúpula de Interior.