Gonzalo Boye, el abogado que coordina la defensa jurídica del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y que hasta el pasado día 8 representaba al narco conocido como Sito Miñanco, ha quedado en libertad y sin medidas cautelares tras prestar declaración durante algo más de media hora en la Audiencia Nacional investigado por un presunto delito de blanqueo de capitales.

En declaraciones al terminar la comparecencia, el propio Boye ha explicado que la Fiscalía Antidroga había solicitado que se le impusiera obligación de comparecer quincenalmente en sede judicial o policial, no así una prohibición de abandonar el país. Finalmente, la jueza María Tardón ha decidido no adoptar medidas cautelares de restricción de su libertad, así que podrá acudir a la vista que Puigdemont tiene por la euroorden dictada desde España el próximo día 29 de octubre en Bruselas.

Sin limitar sus movimientos

"La propia decisión de la juez deja muy claro que ella no considera que haya ningún tipo de razón para limitar mi ejercicio profesional ni mis movimientos", ha comentado Boye, después de que se le preguntara si en su opinión, esta citación puede tener que ver con su condición de abogado del expresident huido de la justicia: "Quiero entender que no. No debería ser así", ha sentenciado.

Sobre este asunto, fuentes jurídicas consultadas por Europa Press explican que Boye ha solicitado a la instructora el expurgo de cualquier documentación que se haya intervenido en los registros y que pueda comprometer el derecho de defensa del propio Puigdemont o de cualquier otro de los clientes de este letrado.

Se desvincula del blanqueo

Según ha explicado, durante la comparecencia se ha limitado a "clarificar" una situación que a su juicio, ya estaba "bastante clara" y a ratificar las "manifestaciones" que él ya "había expuesto" ante este juzgado y en las que se desvincula de cualquier relación con actividades de blanqueo de capitales.

Con todo, sigue imputado en esta pieza secreta de la causa sobre Miñanco: "Se seguirá la investigación porque se ha clonado mi teléfono móvil y mi correo electrónico y en a medida que se avance en eso, aclararemos cualquier extremo", ha apuntado.

Origen del dinero

El letrado ha incidido en que tanto él como su socia y defensora en este asunto Isabel Elbal, que además es su pareja, están "muy tranquilos" como ya lo estaban el lunes durante las 15 horas que se prolongó el registro. "La gente puede disparar lo que quiera contra mí pero evidentemente, lo que no van a encontrar es ningun indicio de criminalidad porque no lo hay", ha zanjado.

Boye comparecía como imputado después de que este lunes agentes de la UDEF registrasen su vivienda y su despacho profesional ante la sospecha de que se hubiese involucrado en el blanqueo de dinero del narcotráfico y en particular, de unos 900.000 euros en efectivo intervenidos a cinco personas en el aeropuerto de Madrid cuando se disponían a llevarlos a Colombia.

Servicio de Prevención del Blanqueo

Según las fuentes jurídicas consultadas, el letrado ha alegado que su rol en este asunto se limitó a tramitar, tal y como le solicitó su cliente Sito Miñanco, la solicitud de devolución del dinero intervenido ante el Servicio de Prevención del Blanqueo (Sepblac), justificando mediante unos contratos (letras de un préstamo entre particulares) que el origen de ese efectivo era lícito.

Sin embargo, el Sepblac rechazó la documentación porque ya había sido utilizada con anterioridad para justificar otro dinero en el año 2015 y ahí las miradas se dirigieron a Boye. El abogado sostiene que si los contratos no eran 'limpios', la responsabilidad sería en todo caso de quien se los entregó para que los presentase.

Contrato de préstamo entre particulares

Ha justificado, además, que se reunió con esas cinco personas a las que se había incautado el dinero en efectivo para explicarles precisamente, que el Sepblac no había aceptado la documentación, en una reunión que fue monitorizada por las fuerzas policiales y cuyo resultado obra en el sumario de la causa, adelantado por El Confidencial.

"Los hechos (por los que está imputado) serían la existencia de unos contratos con unos pagarés que se habrían utilizado para la recuperación de dinero en el Sepblac. El Sepblac en su momento consideró que esos hechos no eran constitutivos de dellito y simplemente, una sanción administrativa a las personas que llevaban el dinero", ha resumido Boye ante la prensa.