El Tribunal Supremo ha considerado culpable de un delito de sedición a Joaquim Forn, quien se encontraba a cargo de la Consejería de Interior de la Generalitat cuando se llevó a cabo el referéndum ilegal del 1-O.
Por eso le condena a 10 años y 6 meses de prisión y 10 años y 6 meses de inhabilitación absoluta, con privación definitiva de todos los honores, empleos y cargos públicos que tenga la penada, aunque sean electivos, e incapacidad para obtener los mismos o cualesquiera otros honores, cargos, o empleos públicos y la de ser elegido para cargo público durante el tiempo de la pena.
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