El sector más duro de la derecha catalana antinacionalista urdió una gran operación para hacerse con el control de Societat Civil Catalana (SCC) y el resto de entidades constitucionalistas meses antes del referéndum independentista ilegal del 1 de octubre de 2017. Una iniciativa que terminó en un rotundo fracaso.
En la gestación y ejecución de la trama sobresalen tres nombres: Josep Ramon Bosch (que había ocupado la presidencia de SCC entre abril de 2014 y septiembre de 2015; promovió la creación de Somatemps, y formó parte del equipo de Montserrat Nebrera que disputó a Alicia Sánchez-Camacho el líderazgo del PP catalán en 2008), Miriam Tey (editora y expresidenta del Instituto de la Mujer --entre 2003 y 2004, durante el segundo Gobierno de Aznar--) y Teresa Freixes (catedrática de Derecho Constitucional de la UAB y presidenta del CLAC, Centro Libre Arte y Cultura).
El apoyo al pacto PSOE-Cs como detonante
Desde su fundación en primavera de 2014, las luchas internas entre diferentes facciones --las vinculadas al PP, al PSC o a Cs, respectivamente-- para hacerse con el control efectivo de SCC fueron una constante. A medida que aumentó la influencia de la entidad en la sociedad y que se erigió como el referente de la resistencia al nacionalismo en Cataluña, la pugna se intensificó y el equilibrio interno fue más difícil de mantener.
En febrero de 2016 se produjo un punto de inflexión. La dirección de la entidad --entonces presidida por Rafael Arenas, catedrático de Derecho Internacional Privado en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y escorado a la izquierda-- mostró su apoyo al pacto de investidura firmado unos días antes por PSOE y Cs, lo que generó la indignación del sector más cercano al PP catalán. Fruto de aquella decisión, se produjo la dimisión de Juan Arza --vinculado a los populares-- como miembro de la junta directiva.
La derecha, relegada
La pérdida de influencia de la derecha en SCC quedó patente con el ascenso de Mariano Gomà --un verso libre-- a la presidencia en octubre de 2016. A Gomà le acompañaban tres vicepresidentes que completaban y definían la estructura de poder de la entidad: José Domingo (presidente de Impulso Ciudadano y exdiputado de Cs en el Parlament), Àlex Ramos (vinculado al PSC) y la citada Miriam Tey.
Además, la Fundación Joan Boscà --principal instrumento de financiación de SCC, mediante el que grandes empresas vehiculaban sus donaciones con la ayuda del Gobierno de Rajoy-- estaba presidida por el historiador Joaquim Coll, cercano al PSC, lo que dejaba al entorno más duro del PP con poco margen de actuación.
La estructura de mando
En ese contexto, se diseña la iniciativa para recuperar el control o, más correctamente, fagocitar a SCC. Bosch, Tey y Freixes planean un entramado en el que la asociación antinacionalista quedaría bajo su dominio, junto a un conglomerado de entidades contrarias al independentismo catalán de todo tipo --desde culturales, educativas y empresariales, hasta medios de comunicación-- e ideología --desde federalistas, autonomistas y catalanistas hasta ultraderechistas--. La excusa era “organizar y cohesionar a la sociedad civil frente al desafío separatista”.
Según documentos a los que ha tenido acceso Crónica Global --que fuentes conocedoras del proyecto atribuyen a Bosch y a la agencia de publicidad Manifiesto, cuyo CEO, Sergio Palomino, es uno de los fundadores de SCC--, en la cúspide de la pirámide de mando que los impulsores habían esbozado --y que denominaban “grupo de seguimiento”-- contaban con José Rosiñol (que había ejercido de presidente interino de SCC durante su gestación y que asumiría la presidencia plena en noviembre de 2017 tras la marcha de Gomà), Guillermo Elizalde (cofundador del blog ultra Dolça Catalunya) y el citado Arza (que después sería secretario de Estudios del PP de Cataluña hasta el batacazo electoral del 21D de 2017).
Concordia Cívica
La herramienta que actuaría como centro de mando sería la plataforma Concordia Cívica, que presentó en enero de 2017 su presidenta, Teresa Freixes, precisamente con la aspiración de “aglutinar” y “ayudar” a las entidades constitucionalistas en Cataluña. De ese paraguas penderían el resto de entidades existentes, como la Fundación Joan Boscà --clave para la supervivencia de SCC--, o de nuevo cuño, como la Fundación Cultura Libre --fundada en 2015 por Freixes y Tey pero prácticamente inoperante desde entonces-- y ThinkCat --un think tank que pretendía contar con Josep Borrell, Josep Piqué y Francesc de Carreras, pero que nunca llegó a cristalizar--.
Los documentos de trabajo de los impulsores del proyecto apuntan a SCC, el Grup de Periodistes Pi i Margall, Empresaris de Catalunya, el CLAC, Llibertats, Tercera Via, Portes Obertes del Catalanisme, Federalistes d’Esquerres, el Instituto Von Mises Barcelona, el Club de los Viernes, Moviment Cívic d’Espanya i Catalans, la Asamblea por una Escuela Bilingüe, Alternativa Ciudadana Progresista, la Associació d’Estudis Hispànics Antoni de Capmany, GEO redes sociales, Unidos Sí, Somatemps, Barcelona con la Selección, Catalunya somos todos, Centro Izquierda Nacional, Españoles de a pie, Lingüistes, Convivencia Cívica Catalana, Asociación por la Tolerancia, Impulso Ciudadano, Plataforma Hispanoamericana en Cataluña y el blog ultra Dolça Catalunya. Pero también incluyen a medios como Economía Digital, El Triangle, Revista Digital Vallès, Revista Digital Catalunya Central, Revista Digital Maresme e, incluso, a Crónica Global.
La conexión con el Gobierno
Pero el aspecto clave para que estos planes tuviesen éxito era conseguir canalizar el grueso de la financiación a través de Concordia Cívica, que posteriormente el “grupo de seguimiento” se encargaría de distribuir al resto de entidades según su criterio. Y para ello necesitaban el favor del Gobierno. En ese punto era fundamental la aportación de Tey. La editora es cuñada de Jorge Moragas --a la sazón jefe de Gabinete del presidente del Gobierno Mariano Rajoy-- y amiga personal de Alfonso de Senillosa --por aquel entonces director adjunto del Gabinete de la Presidencia del Gobierno y director de Seguridad Nacional--.
Tey se encargó de organizar encuentros discretos entre representantes del Gobierno, los promotores del proyecto y algunos de los responsables de las entidades a las que querían controlar --previamente, Bosch había mantenido contactos con varios de estos últimos comprometiéndose a ayudarles a conseguir financiación--.
Reuniones en Moncloa
Este medio ha podido contrastar que entre finales de 2016 y los primeros meses de 2017 se celebraron, al menos, media decena de reuniones en Moncloa o en restaurantes e Madrid en los que estuvieron presentes miembros del Gabinete de Rajoy.
A principios de noviembre de 2016, tuvo lugar uno de los primeros encuentros en un restaurante de Madrid. Entre otros, asistieron Senillosa; la directora del Departamento de Asuntos Nacionales del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Cristina Ysasi-Ysasmendi; Bosch; Tey; Freixes; el presidente de SCC, Mariano Gomà; el presidente del Grup de Periodistes Pi i Margall y poco después fundador de El Catalán, Sergio Fidalgo; y el consultor de estrategia internacional Santiago Mondéjar, cercano a Freixas y en el que se había pensado para dirigir Concordia Cívica.
Primeros desmarques
Sin embargo, desde el primer momento las cosas se torcieron. En la citada reunión, Gomà se plantó y defendió que no hacía falta ninguna plataforma coordinadora y que SCC tenía potencia suficiente para hacer frente al desafío independentista --como después se demostró a la hora de organizar las manifestaciones constitucionalistas de octubre de 2017--. “Yo no estuve de acuerdo en crear otra marca porque ya teníamos SCC, que había costado mucho crear y que, en todo caso, se debía reforzar”, señala a Crónica Global el fundador y vicepresidente de Foro España.
Más adelante, Mondéjar se desmarcó de la iniciativa, al no verla clara. Y lo mismo ocurrió con algunas de las entidades invitadas a unirse. “Muchas de las reuniones con las asociaciones acabaron como el rosario de la aurora porque cada una tenía su propio interés”, señala una fuente que participó en el proyecto. Algunos apuntan a las “ambiciones personales” de los implicados como principal motivo de las discrepancias que surgieron. “Finalmente todo acabó en nada por un tema de choque de personalidades: Bosch es incompatible con Freixes y no hubo entendimiento posible”, explica otro conocedor de primera mano de las negociaciones.
El Gobierno, indeciso
Por otra parte, un participante en varias de las reuniones con miembros del Gobierno del PP considera que este nunca tuvo la voluntad real de apostar por el proyecto. Otro de los asistentes asegura que el ejecutivo “solo puso palos en las ruedas”. “Jamás ayudó ni incentivó la iniciativa. Incluso la concentración del 8 de octubre de 2017 se hizo en contra de la voluntad del PP”, insiste. “El Gobierno estaba en la inopia total”, señala otro participante, que acusa al ejecutivo de “echar balones fuera” en todos los encuentros celebrados. Tampoco el entonces delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, mostró ninguna predisposición a contribuir en la iniciativa tras un encuentro con Tey y Freixes.
Pese a todas las complicaciones, los intentos de la derecha catalana más radical para engullir a SCC y a las entidades contrarias al procés se prolongaron durante varios meses hasta bien entrado 2017. Pero el proyecto se fue diluyendo progresivamente hasta caer en el olvido.