Las embajadas europeas prevén una "inhabilitación larga" a los líderes del ‘procés’

Expectación máxima ante la sentencia del Tribunal Supremo a los líderes del procés en prisión preventiva. También a las embajadas de Madrid llegan en estos días informaciones de que la sentencia será “dura”, pero lo que más se destaca en sus comunicaciones internas es la “larga inhabilitación” a la que se someterá a los políticos independentistas en caso de condena.  

Los círculos diplomáticos de la Unión Europea en Madrid han vuelto a centrar su interés en la situación política que se derivará en Cataluña tras el fallo judicial. Como ya sucedió durante la fallida hoja de ruta de 2017, vuelve a ser el tema central de conversación en sus desayunos y otros actos que organizan; así como en los informes diarios que envían a sus países de origen. En el mundo diplomático son conscientes de que una condena por sedición o rebelión comporta penas de cárcel, pero lo que puede dejar a los líderes independentistas fuera de juego a largo plazo es la inhabilitación, que les impediría ostentar un cargo público y obligaría a los partidos nacionalistas a cambiar de interlocutores políticos. 

Artículo 6 de la Ley de indultos

Fuentes jurídicas consultadas afirman que un indulto podría abarcar, además de a la pena de sedición o rebelión, a la pena de la inhabilitación. No obstante, ven más probable que, a través de un eventual indulto, se exonere a los líderes independentistas de las penas de cárcel, pero no así de las hipotéticas penas de inhabilitación para ejercer cargo público, ya que el Gobierno debería proponerlo de forma expresa, tal y como estipula el artículo 6 de la Ley de indultos: “El indulto de la pena principal llevará consigo el de las accesorias que con ella se hubiesen impuesto al penado, a excepción de las de inhabilitación para cargos públicos y derechos políticos y sujeción a la vigilancia de la Autoridad, las cuales no se tendrán por comprendidas si de ellas no se hubiese hecho mención especial en la concesión”. 

En este sentido, todo apunta que las negociaciones políticas podrían contemplar el indulto cumplida una parte de la condena de prisión impuesta, pero mucho más difícil resulta contemplar que el Gobierno proponga poner fin a la pena de inhabilitación para cargo público, permitiendo la vuelta inmediata a la política activa de los acusados.

En búsqueda de la unanimidad

Las deliberaciones entre los siete magistrados de la Sala Segunda de lo Penal siguen manteniéndose en un secretismo absoluto. La búsqueda de la unanimidad por parte del presidente del tribunal, Manuel Marchena, está costando en llegar. Algunas voces desde la Judicatura y la Abogacía del Estado apuntan a que si no se logra que el fallo salga adelante de forma unánime sería por el voto particular del magistrado Luciano Varela, que ya ha mostrado algunas de sus discrepancias con la tesis dominante dentro del tribunal. 

Si no se llega al próximo lunes 14 de octubre con un acuerdo, lo más probable es que se haga efectiva la solicitud de la Fiscalía para celebrar una vista sobre la prisión preventiva de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, ya que el próximo miércoles cumplen el periodo máximo de dos años que estipula la ley. La prórroga ha de solicitarse con antelación y la vista se tiene que celebrar como muy tarde el martes, el día antes de que se cumplan los dos años en prisión y sin juicio.