La comisión promotora de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) asegura que la Generalitat deniega esta ayuda a personas que se encuentran viviendo en la calle por la falta de un hogar. Y, además, el Govern reconoce el error, aunque lo considera una "disfunción".
La Consejería de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, competente de otorgar la RGC a las personas en situaciones de riesgo de exclusión social, prevé que casos como los descritos con los sintecho se solucionen a través del reglamento que desarrollará la ley previa. Un texto que está previsto que se apruebe en 2020.
Deniegan "injustamente" la ayuda
La comisión que impulsó --mediante la Iniciativa Legislativa Popular-- esta ley para ayudar los colectivos sociales más vulnerables ha asegurado que "muchas solicitudes de personas sin hogar son denegadas injustamente" por la Generalitat cuando, en la mayoría de los casos, los afectados cumplen de sobre los requisitos para acceder a la prestación. El principal problema tiene que ver con la dificultad de que un sintecho pueda aportar los datos oficiales requeridos para llevar a cabo la solicitud --entre ellos, el domicilio postal--.
Desde el departamento liderado por Chakir El Homrani alegan como excusa que las situaciones que pueden vivir miembros de este colectivo escapan del control institucional, aunque fuentes del mismo aseguran estar trabajando para solucionarlo. Asimismo, hacen referencia a que el derecho a esta ayuda se esta desarrollando e implantando poco a poco.
Un reglamento en espera desde 2017
La Ley 14/2017 de la renta garantizada fue incuida en el Documento Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) en julio de 2017 y en el Boletín Oficial del Estado menos de un mes después. Sin embargo, el documento que debe aterrar el texto legal aún no ha sido redactado. La implantación de dicha prestación cuenta con grandes carencias y contradicciones, lo que le ha reportado un aluvión de denuncias por su deficiente gestión, y no solo por denegaciones injustificables como la de los sintecho.
Xavier Motis, solicitante de la RGC, en la redacción de Crónica Global
Por ejemplo, un vecino de Barcelona vio cómo el Govern decidía rescindirle la RGC porque sus ingresos exceden en 44,20€ el límite exigido por la Generalitat. Su caso ejemplifica la interpretación restrictiva que hace el Govern de una ley, hasta el punto de penalizar que familiares y amigos ayuden económicamente a esas personas en situación de pobreza severa.