La Generalitat deniega el 91% de peticiones de renta garantizada

La Generalitat deniega el 91% de las solicitudes de renta garantizada. Así lo ha denunciado la Comisión Promotora de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), que ha lamentado la “opacidad” de los datos del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias y acusa al Govern de obstaculizar su implementación.

La comisión ha denunciado que la Generalitat publicara un anuncio el pasado 15 de abril asegurando que la prestación alcanzaba a más de 120.000 personas. El texto se acompañaba de un subtítulo que aseguraba que “tiene casi el doble de beneficiarios que la Renta Mínima de Inserción”.

"Incumplimiento" de la RGC

"Esta aseveración del subtítulo es falsa, y busca maquillar el incumplimiento de la Ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) resultado de una pésima gestión y de la voluntad de restringir a toda costa el acceso a este derecho, rechazando de manera injusta la gran mayoría de las nuevas solicitudes efectuadas desde 15 de septiembre de 2017", ha criticado la comisión.

El anuncio aseguraba que ha habido un incremento del 92% con respecto de las 62.525 personas que percibían la Renta Mínima de Inserción en septiembre de 2017, pero según la comisión, este incremento "es rotundamente falso porque no contabiliza las 44.895 personas que percibieron prestaciones de complementos de pensiones no contributivas en esa misma fecha". 

Solo 10.000 solicitudes aprobadas

Para tener una información real que permita una valoración rigurosa de la implementación de la ley RGC, la Comisión Promotora de la RGC ha reclamado varias veces a la Dirección de Economía Social de la Generalitat el número de resoluciones aprobadas y personas beneficiarias, de manera diferenciada según el tipo de prestación. Según la comisión, de las 133.746 nuevas solicitudes de RGC, entre 2017 y 2018, se aprobaron 10.468 solicitudes, el 7,82%. Fueron denegadas 121.816 por denegación, desistimiento o no consideración, el 91,1%.

La comisión ha criticado "las numerosas denegaciones injustas de las prestaciones, comprobadas en los puntos de asesoramiento a las personas solicitantes" y ha informado de que hasta diciembre de 2018 se habían interpuesto 9.300 recursos de alzada contra denegaciones y cientos reclamaciones por silencio positivo incumplido, además de recursos al contencioso administrativo.